La acusación ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha presentado un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de no imputar al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, después de que salieran a la luz los correos del supervisor bancario advirtiendo de las consecuencias de la salida a Bolsa de Bankia.
En el recurso de apelación directa enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la acusación que defiende el letrado Andrés Herzog sostiene que "los cuatro correos electrónicos recientemente aportados a la causa, que confirmaron el perfecto y cabal conocimiento que la jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a bolsa de la entidad, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes como a los propios accionistas y, finalmente, del quebranto al contribuyente, del que se advierte expresa y tajantemente y que incluso se llega a cifrar en 15.000 millones de euros".
"Los citados correos acreditan sin género de dudas que los principales responsables del BdE contaron con relevante información que advertía sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a Bolsa", sostiene CIC
Además, los recurrentes entienden que "tales correos (cuyo contenido en modo alguno pueden calificarse de informal o de meras opiniones personales como hace el auto ahora recurrido) acreditan sin género de dudas que los principales responsables del Banco de España contaron con relevante información (suministrada por el equipo de inspección por los únicos cauces que tenían para hacerlo), que no solo desaconsejaba encarecidamente la OPS sino que expresa y reiteradamente advertía sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a bolsa y sobre el importantísimo perjuicio patrimonial que se iba a causar a preferentistas, accionistas y a todos los contribuyentes en general de continuar adelante con dicha operación”.
Asimismo, el sindicato CIC recalca que "se da la circunstancia de que, curiosamente, tales correos no habían sido aportados por el Banco de España al dar cumplimiento al requerimiento del Juez Instructor realizado mediante auto de 26 de julio de 2016, que acordó librar oficio a dicha institución a fin de que remitiera todos los resúmenes, conclusiones, informes, agendas y todo tipo de documentación elevada a la jefatura por el equipo inspector".
"Inercia desestimatoria"
"Ninguna razón concurre para denegar dicha diligencia que a todos los efectos se presenta como imprescindible y cuyo rechazo tan solo podemos entender desde la perspectiva de la inercia desestimatoria que alcanza a todo el auto que ahora recurrimos y cuya revocación expresamente interesamos por medio del presente escrito", sostiene el recurso de apelación.
El pasado día 28, el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Andreu rechazó la imputación de Mafo en un auto donde sostuvo que "no puede exigirse la garantía absoluta de que no se produzcan decisiones erróneas en los distintos sistemas, sin que la mera existencia de tales disfunciones constituya, per se, título de imputación suficiente para reclamar una responsabilidad, máxime de carácter penal".
"Es inverosímil y no existe indicio alguno que pueda respaldar que los órganos de dirección del Banco de España o de la CNMV tramaron un plan delictivo con los miembros del Consejo de Administración" de Bankia "para mantener una calculada inacción institucional", concluyó el juez.
Ahora, la acusación popular quiere que la Sala de lo Penal enmiende la plana al instructor del caso Bankia e impute a Fernández Ordoñez tras salir a la luz los correos electrónicos del Banco de España que prueban que la inspección del supervisor bancario alertó del desastre que supondría la salida a Bolsa.
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