La acusación popular del caso Pujol ejercida por Podemos ha apoyado la decisión del juez José de la Mata de rechazar la petición de la familia del expresidente catalán de que la Agencia Tributaria elabore un nuevo informe sobre las cuentas que el clan tiene en el exterior, "al considerar que la denegación de la prueba propuesta es procedente y no vulnera derecho alguno", según especifica un escrito dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La formación de Pablo Iglesias ha tomado la decisión de oponerse a las peticiones de los Pujol al considerar que las defensas del clan solo pretenden conseguir que la Agencia Tributaria diga en un informe que no existen cuentas comunicadas del clan. "Y entendemos que por ende querrán aplicar el silogismo de que si no están comunicadas no existen", completa el escrito.
"Teniendo en cuenta el resto de pruebas que obran en la causa", el documento de Podemos concluye: "Consideramos que la prueba propuesta, y correctamente denegada, tendría una obvia nula incidencia en la formación de la convicción del órgano decisor para configurar la resolución definitiva del proceso".
Podemos también alude a la posibilidad de que los Pujol estén tratando de aportar al proceso "una documental que, lejos de arrojar luz y convicción sobre el caso, lo que pretenda sea dar pie a una argumentación interesada, más política que procesal, y no coincidente con la verdad material de la causa, que favorezca una línea mediática determinada".
También se ha opuesto a las investigaciones requeridas por la familia Pujol la acusación popular de la empresa Grand Tibidabo.
Evitar dilaciones
Las negativas de Podemos y de Grand Tibidabo tienen lugar después de que el juez que instruye la investigación rechazara pedir a la Agencia Tributaria un informe con la intención de evitar dilaciones en las pesquisas y agilizar el procedimiento que se sigue contra la "familia-organización".
Por el contrario, el juez sí ha ordenado durante la instrucción varias comisiones rogatorias para desvelar la fortuna de los Pujol en el extranjero. El pasado octubre acordó pesquisas a las autoridades de Países Bajos. En junio, reclamó a la Agencia Tributaria que determinara si Oleguer Pujol Ferrusola y sus socios habían tributado a Hacienda los 3,9 millones que obtuvieron de plusvalía en la compraventa de seis locales comerciales y 12 viviendas, según consta en un auto de 12 de junio, adelantado por Vozpópuli.
Aquella diligencia fue ordenada después de que el magistrado recibiera un informe de Hacienda en el que se indicaba que el dinero obtenido por Oleguer y sus socios acabó de forma irregular en una empresa de Países Bajos y al margen del fisco español.
En el marco de las pesquisas, la policía judicial ha cifrado en 290 millones de euros el beneficio obtenido por la "familia-organización". Según los agentes, el expresidente catalán y su linaje habrían obtenido comisiones "directamente asociadas a actos administrativos de resolución por instancias de esa comunidad autónoma que engloban toda su administración, desde las Consejerías de Gobierno a entes con personalidad jurídica propia vinculados, como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etcétera".
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