La investigación que ha desencadenado la llamada ‘operación Grizzly’ por presuntas irregularidades en obras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa se centra en una serie de voluminosos contratos que suman cerca de 800 millones de euros. Algunos de ellos fueron adjudicados en su día con ofertas que incluían significativas bajas. En este capítulo destaca especialmente el que se llevó la UTE formada por Acciona Infraestructuras y Copcisa para construir la plataforma de un tramo de vía de 2,6 kilómetros. La adjudicación fue con una baja del 35% en el precio final.
A finales de 2007, Adif licitó las obras de la plataforma de vía del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad con un presupuesto superior a 375 millones de euros. La compañía pública dividió el tramo en dos sectores, denominados Sagrera y Sant Andreu. Este último, objeto de investigación en la operación que motivó el registro este lunes de sedes de Adif y de las UTEs adjudicatarias de los contratos, contaba con un presupuesto de 276,83 millones de euros. Adif terminó por otorgar el contrato a la UTE de Acciona y Copcisa por casi 100 millones de euros menos, en concreto 177,42 millones.
Una baja del 35% que no deja de ser relativamente usual en los contratos relacionados con la construcción de la red de alta velocidad, en la que se han dado múltiples casos de descuentos en el entorno incluso del 50%. Sin embargo, en el ámbito internacional este tipo de ofertas suele considerarse como bajas temerarias que, en la mayoría de las ocasiones, terminan con el ofertante fuera del proceso de licitación.
El contrato en cuestión cuenta con la particularidad de que la otra parte en la que lo dividió Adif, denominada “sector Sagrera” originó la investigación que después desembocó en la ‘operación Yogui’, en la que se detectó un presunta fraude en las obras de construcción de este tramo del AVE. En este caso, la adjudicataria, Corsán Corviam, presentó una oferta con una baja del 31%, considerada también como excesiva de acuerdo con los cánones internacionales.
¿Desencadenantes de sobrecostes?
Los otros contratos investigados también fueron adjudicados con bajas aunque, en este caso, sensiblemente más moderadas. Así, el referido a la construcción de la estación de La Sagrera, ganado por la UTE formada por Dragados, Acciona Infraestructuras, Comsa y Acsa, fue adjudicado por 366,4 millones, un 12% por debajo de lo presupuestado.
Mientras, la UTE liderada por FCC Construcción y Ferrovial Agromán se llevó el contrato de los accesos a la estación, otro de los investigados, con una baja de algo más de un 14% (222,8 millones frente a 259,4 millones presupuestados).
Mientras, los contratos de ingeniería para el control y vigilancia de las obras se adjudicaron a ofertas que presentaban bajas en el entorno del 20% aproximadamente.
Numerosos estudios e informes, entre ellos los del Tribunal de Cuentas, han relacionado el encarecimiento de obras como la red de alta velocidad con las excesivas bajas con las que se han adjudicado los diferentes contratos, al considerar que esta circunstancia suele dar lugar a la aparición de modificados.
Los grupos constructores argumentan que en muchas ocasiones estos modificados parten, precisamente, del organismo licitador, que cambia los planes iniciales y genera una serie de costes asociados que el contratista no está dispuesto a sufragar.
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