España

Imputan a la antigua cúpula de Adif en la época socialista por el accidente de Santiago

El juez que instruye el caso por el descarrilamiento del Alvia Madrid-Ferrol del pasado 24 de julio llama a declarar a once directivos de Adif como "responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva".

El juez Luis Aláez, que instruye el caso por el accidente del Alvia el pasado 24 de julio en Angrois, donde murieron 79 personas, ha llamado a declarar a un total de 11 directivos de Adif que estaban en la empresa pública cuando se abrió la línea Ourense-Santiago, según un auto notificado este viernes.

En concreto, se trata de Andrés Cortabitarte López, Juan Carlos Cáceres Díez, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado Domínguez, Carlos María Juárez Cólera, Mercedes Caballero Fernández y Gerardo Luis Gavilanes Ginerés y Antonio González Marín, que fue expresidente de Adif en la última etapa del PSOE.

En el auto, recogido por Europa Press, Aláez explica que los informes preeliminares entregados por cuatro de los seis peritos en los últimos días aportan información que, a su juicio, "acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".

El juez ya había imputado en su día a directivos del gestor ferroviario, una imputación que levantó el órgano de apelación y que supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del accidente, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.

No obstante, no quedó cerrada la puerta a que se siguiese investigando para comprobar si en ese tramo situado a la altura del barrio compostelano de Angrois, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así quedaba determinado por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación sería "prematura y carente de base suficiente".

El juez instructor ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que relevó a otro compañero en Ourense, el maquinista imputado Francisco José Garzón Amo, que perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.

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