La empresa Adif realiza constantemente adjudicaciones con baja temeraria de hasta un 53,53%, lo que provoca luego situaciones como el sobrecoste que está denunciando estos días el Tribunal de Cuentas, según señalan empresarios del sector que prefieren no dar su nombre. “Al final –añaden- terminan costando el doble”.
Ponen como ejemplo dos tramos del AVE adjudicados recientemente, en febrero de 2014. El primero es el tramo Estación de Plasencia/Arroyo de la Charca. Se adjudicó a la empresa Construcciones Carrión por 11,3 millones de euros con un porcentaje a la baja del 53%. En la documentación de Adif se puede ver que está calificada de “temeraria”.
El tramo de Arroyo de la Charca/Grimaldo se adjudicó a la UTE FCC-Convensa, con una baja del 52% por 18,5 millones de euros. En los dos casos las empresas incluyen en su oferta la renuncia a la revisión de precios, lo que está valorado con 15 puntos.
Fuentes de Adif indicaron que, a diferencia de lo que ocurría hasta hace poco, antes de adjudicarles a las empresas con baja temeraria se les llama a justificar cómo pueden realizar las obras a ese precio. “También hay más rigor a la hora de abonar sobrecostes”, añadieron.
Sin embargo, algunos empresarios y técnicos señalan que con la disculpa de los recortes se licitan obras de la plataforma de Alta Velocidad con bajas mayores al 50%. Señalan estos expertos que estas bajas son incompatibles con la ejecución de las obras, "pero las empresas temen quedarse sin nada" y creen que "luego podrán cobrar los sobrecostos".
Otra alternativa, explican las mismas fuentes, es que la obra no tenga la calidad necesaria, lo que perjudica incluso la seguridad de las infraestructuras.
Adjudicaciones políticas
Los técnicos creen que la Administración debe ponderar y modificar tanto las ofertas técnicas como las económicas y no utilizar pliegos que sólo producen una subasta que, a su vez, induce a presentar unas ofertas que son totalmente inviables aunque se ajusten al pliego vigente.
Los expertos creen que mientras no cambien el pliego de condiciones administrativas estas “aberraciones” se producirán constantemente con el consiguiente perjuicio económico por las rescisiones y los retrasos en la ejecución. “Además –señalan- se producen a veces ‘adjudicaciones políticas’ porque les interesa la prisa o no dar a una empresa dos tramos cercanos”.
Consideran estos contratistas que no se pueden hacer revisiones de precios sin estar debidamente asesorados “porque llevan a la ruina a muchas empresas al no ser culpables del alargamiento del plazo de ejecución y de la falta de rigor de ADIF”.
