La sombra del 'caso Acuamed' es alargada. La sociedad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, ha cesado de manera fulminante a un alto directivo que anteriormente había estado en la también estatal Agua de las Cuencas Mediterránea SA (Acuamed), envuelta en un grave escándalo de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Se trata, en concreto, de Javier Moya Lámbarri, abogado del Estado que ocupaba el cargo de director de la Asesoría Jurídica de la compañía ferroviaria. Éste era el cargo que también desempeñaba anteriormente en la sociedad dependiente del departamento de Agricultura, donde vivió en primera línea los primeros pasos del caso que finalmente desembocó en la 'Operación Frontino'. De hecho, él fue una de las personas que rechazó recoger la escrito notarial con la denuncia del ingeniero Francisco Valiente que más tarde acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción y permitió la apertura del sumario.
Moya Lámbarri fue uno de los dos directivos de Acuamed que se negó a recoger el acta notarial en el que un compañero denunciaba los pufos de la compañía
Fuentes oficiales de Adif han confirmado a Vozpópuli este lunes la salida de la empresa de este alto cargo aunque han insistido en desligarlo del 'caso Acuamed'. "Se trata de una reestructuración interna", fue su escueta respuesta a las preguntas de este diario sobre las causas del despido. Sin embargo, el nombre de Moya Lámbarri aparece en varias documentos recogidos en el sumario de la 'mafia del agua', entre ellos varios correos electrónicos y declaraciones de testigo claves, aunque no ha sido imputado hasta ahora, según confirman fuentes cercanas a la investigación. Su sucesor en el cargo en esta compañía, Juan García Cuenca, sí tiene la condición de investigado.
Abogado del Estado, Moya Lámbarri desembarcó en Adif hace poco más de dos años. Fue en julio de 2014 cuando llegó a la compañía de infraestructuras ferroviarias procedente, precisamente, de Acuamed. Fuentes de esta empresa pública ligan su paso por esta última a su estrecha relación con el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de la misma, Federico Ramos de Armas, quien tuvo que dimitir como número tres de Soraya Sáenz de Santamaría cuando saltó el escándalo y actualmente está imputado en la causa. De hecho, la salida de esta compañía de Moya Lámbarri rumbo a la de Fomento coincidió prácticamente con la marcha del político, también abogado de Estado de formación, hacia el equipo de la vicepresidenta.
Un escrito notarial
Este cambio no le impidió que como director de la Asesoría Jurídica de Acuamed tuviera un papel destacado en varios de los episodios que investiga ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Uno de ellos, en relación con el escrito notarial que remitió un alto cargo de la compañía para denunciar las irregularidades y que fue ignorado. El otro, el supuesto acuerdo entre la empresa estatal y FCC sobre la desaladora del Bajo Almanzora que provocó un millonario perjuicio a las arcas públicas. En el primer episodio, el fue uno de los cuatro directivos de Acuamed al que el entonces director de Ingeniería de la empresa, Francisco Valiente, alertó sobre las supuestas irregularidades que había detectado en la compañía. De hecho, Moya Lámbarri fue, junto al director financieron, quien recibió en un primer momento al fedatario público con la denuncia, aunque rehazó hacerse cargo de la misma con el argumento de que no iba a su nombre, sino al de la secretaria del Consejo de Administración de Isabel Bonelli.
El ahora cesado por Adif participó en el Consejo de Administración de Acuamed que despidió al ingeniero que denunció lo pufos para ratificar la viabilidad legal de la medida disciplinaria
Días más tardes, este órgano de la empresa decidió despedir a dicho ingeniero por iniciativa del entonces director general de la compañía, Arcario Mateo, señalado ahora como el presunto cabecilla de la trama, sin analizar siquiera la denuncia que había presentado. En dicha reunión, Moya Lámbarri validó como máximo responsable jurídico la viabilidad legal de dicho despido. En el siguiente encuentro del Consejo de Administración, celebrado el 8 de mayo, Arcadio Mateo informó a sus compañeros en el máximo órgano de dirección de la compañía de que iba a encargar "una nota técnica" sobre la documentación que acompañaba la denuncia de Valiente", algo que nunca ocurrió.
En ese encuentro, en el que participaba como presidente de la compañía Federico Ramos de Armas, tuvo una participación destacada Moya Lámbarri. Éste tomó la palabra para echar un capote a Arcadio Mateo al apresurarse a afirmar que "a priori y a expensas de lo que resulte del informe que va a elaborar previa investigación de los hechos, no se han apreciado consecuencias jurídicas de relevancia en la documentación estudiada, al tratarse de afirmaciones de D. Francisco Valiente sin respaldo documental alguno". Para entonces, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya había recibido la denuncia y había empezado a investigar el contenido de la misma.
La desaladora del Bajo Almanzora
El nombre del ahora despedido por Adif también aparece relacionado con uno de los supuestos pufos investigados. En concreto, con las irregularidades detectadas en las obras de la desaladora del Bajo Almanzora que, entre otros, mantiene imputado a un alto ejecutivo de FCC. Así, figura como destinatario o emisor de varios correos electrónicos en los que se hablaba de lo que los investigadores tildan en sus informes de "acuerdo privado y totalmente fuera de las vías legales" que alcanzaron la empresa pública y la constructora para repartirse los 20 millones de euros de coste que iba a suponer reparar la instalación tras una inundación.
Una trabajadora de Acuamed aseguró al juez que Moya Lámbarri respaldó el "acuerdo fuera de las vías legales" entre la empresa pública y FCC por las obras de la desaladora del Bajo Almanzora
En un informe de la UCO presente en el sumario se destaca que dicho amaño, propiciado presuntamente por Arcadio Mateo y altos cargos del Ministerio de Agricultura, tuvo en un primer momento la opinión en contra de Moya Lámbarri, que apostaba que "lo más beneficioso para Acuamed sería rescindir el contrato a la UTE por el estado de abandono de la planta, arreglar los daños y posteriormente reclamárselos a la UTE". Sin embargo, algunos empleados de la compañía que han declarado como testigos ante la Guardia Civil y el juez Velasco han asegurado que el resposanble de la Asesoría Jurídica posteriormente cambió de postura y terminó elaborando un informe en el que daba el visto bueno a que dicha cantidad "debía de sufragarse a partes iguales", según el testimonio de una trabajadora.
Lo cierto es que poco después Moya Lámbarri abandonó Acuamed y desembarcó en Adif, donde ha permanecido hasta su cese la pasada semana. Según fuentes de la compañía de Fomento, lo hizo para sustituir a una abogada del Estado que acababa de fichar, curiosamene, por el bufete de Miquel Roca, que lleva la defensa de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. Estas mismas fuentes aseguran que desde que el pasado mes de enero estalló el 'caso Acuamed' y algunos medios citaron su nombre en las informaciones, su presencia había provocado ciertos recelos en los 'despachos' de Adif, una compañía también salpicada en los últimos meses por varios casos de corrupción relacionados con las obras del AVE. Ahora ha sido cesado, aunque desde la empresa pública se insiste que ha sido únicamente fruto de "una reestructuración interna".
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