Los habitantes de Cantabria y Asturias no podrán disfrutar de sus trenes de alta velocidad en tiempo y forma porque no caben por los túneles. La sonora chapuza ha provocado un cruce de acusaciones entre Adif y Renfe y dos ceses, aunque ninguno de los despedidos es alto cargo. En este contexto, Adif acaba de formalizar un cuantioso contrato para conocer su imagen de marca entre la ciudadanía española. El total adjudicado asciende, como ha podido comprobar Vozpópuli, a los 322.766 euros. Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio.
Esta licitación se publicó en julio de 2022, pero no se ha formalizado hasta ahora, en pleno lío con los trenes para Cantabria y Asturias. El proyecto consta de 5 lotes, siendo dos de ellos los que equivalen a los 300.000 euros para conocer la percepción ciudadana de Adif. El resto van dirigidos a estudiar el "clima laboral" de la compañía o un sondeo a los comerciantes de las tiendas de las estaciones de tren.
El análisis de la 'Calidad percibida y experiencia de cliente de usuarios de la estación y del Servicio ADIF Acerca' ha sido adjudicado a Merkastar por 215.622 euros, mientras que la 'Monitorización de imagen de marca y reputación de Adif' correrá a cargo de Sigmados por 107.144 euros.
El deseo de Adif es conocer qué imagen tienen de la compañía los usuarios, la valoración global del servicio y de la visita a la estación en su conjunto y los hábitos de utilización de los ciudadanos. Los pliegos del contrato, a los que ha accedido este periódico, también ponen de manifiesto el interés de la compañía pública por "conocer la estructura de la imagen y la reputación de Adif", así como por "definir un modelo de medición de la reputación y la imagen de la empresa". Uno de los objetivos alude directamente a "conocer el impacto en la reputación de hechos o acciones puntuales significativas que puedan producirse durante el periodo del contrato, en relación con la actividad de la empresa".
Disputa entre Renfe y Adif
La chapuza ferroviaria ha tenido tal impacto mediático que Renfe y Adif se pasan mutuamente la pelota de la culpa. La única inocente en este proceso es la empresa adjudicataria, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que se limitó a ejecutar lo que Renfe le pidió en el pliego. Sin embargo, desde la firma pública sugieren que el problema estaría en la información previamente facilitada por Adif. El Ministerio de Transportes ha optado por la vía salomónica y ha cesado a una persona de cada institución.
En Adif, la compañía pública responsable de las infraestructuras ferroviarias, se ha destituido al titular de la jefatura de Inspección y Tecnología de vía. Mientras, Renfe, ha cesado al antiguo gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros.
¿Responsabilidad de Ábalos o de Sánchez?
El error de Adif y Renfe ha provocado la ira del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y del socialista Adrián Barbón, al frente del Gobierno del Principado de Asturias. La licitación de los trenes comenzó en febrero de 2019 y los informes que alertaban del problema de tamaño de los trenes se remontan a 2021, por lo que muchas miradas críticas se han fijado en el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, en lugar de la actual dueña de la cartera, Raquel Sánchez.
Fuentes cercanas a la Dirección de Transportes apuntan a este medio que el informe de la Agencia de Seguridad Ferroviaria que advirtió del problema de la medida de los trenes está fechado en septiembre de 2021, fecha en la que Ábalos ya no estaba al frente del Ministerio. No obstante, los equipos responsables siguen ahí desde entonces. La Secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, era la presidenta de ADIF cuando se licitó el contrato. La actual presidenta, María Luisa Domínguez, era su mano derecha, mientras que el presidente de Renfe, Isaías Táboas -el que propuso como solución a los retrasos de los trenes de Extremadura cambiar los horarios de llegada-, sigue siendo el mismo desde entonces. "Ningún ministro participa en las especificaciones técnicas de ninguna licitación, más aún cuando además la misma corresponde a una empresa pública a través de su Consejo de Administración", especifican dichas fuentes.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación