El tira y afloja en el que viven inmersos el Gobierno y el PP en torno a la pandemia ha aparcado de momento la negociación para renovar la Justicia. Según informan a este periódico fuentes conocedoras de la situación, los ánimos se han enfriado de nuevo después del anuncio del presidente Pedro Sánchez el jueves en el Congreso donde se comprometió a paralizar la polémica reforma para elegir a los jueces del CGPJ sin necesidad de los tres quintos de las Cortes.
Precisamente este miércoles, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más críticos con la reforma perseguirán una posición contundente contra los planes del Gobierno durante el Pleno extraordinario de este miércoles. Pero la prioridad de los políticos en este momento es abordar la situación de la pandemia y en concreto el establecimiento del estado de alarma.
El Gobierno quiere poder alargarlo hasta seis meses mientras que el PP apuesta por ocho semanas si el Ejecutivo quiere contar con su apoyo. Se da la circunstancia de que el negociador designado por el PP para desbloquear la Justicia es su responsable, Enrique López, que al mismo tiempo es el Consejero del ramo en una Comunidad de Madrid que se debate en las últimas horas sobre si cerrar o no sus fronteras como ya están haciendo otras regiones.
Dos no negocian si una de las los partes no quiere o no puede. Ya sea por las causas sanitarias sobrevenidas, lo cierto es que se ha rebajado la sensación de finales de la semana pasada cuando el anuncio de Sánchez invitaba a pensar en un acuerdo rápido como reconocían en privado fuentes gubernamentales. Al otro lado de la mesa, fuentes populares ya optaban por rebajar el tono y remitirse a sus condiciones.
Insisten en que no se sentarán a negociar mientras Sánchez no retire definitivamente su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha generado las llamadas de atención de Europa. Las fuentes populares consultadas recuerdan que el líder del Ejecutivo tan solo aceptó parar el reloj de la reforma, pero no renunciar a ella. Creen que su anuncio demuestra que es una iniciativa suya y no de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos y no se fían.
Que podemos quede fuera
La segunda condición es que Podemos quede fuera de unas negociaciones que van a condicionar la composición del órgano de Gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional durante años. En la mente de los dirigentes del PP está repetir la estrategia seguida en la fusión de Bankia y Caixabank en la que Podemos poco menos que se enteró por la prensa y cuando el acuerdo ya era un hecho.
Solo así el PP aceptaría sentarse a elegir los 12 perfiles entre la lista de jueces propuestos por la propia carrera judicial y los ocho juristas de reconocido prestigio. Después de esa composición tiene que salir el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que sustituya a Carlos Lesmes. Además, la idea es abordar también la renovación del bloque de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Congreso y que llevan en funciones un año.
Los populares no condicionan el acuerdo a una nueva Ley Orgánica que devuelva a los jueces la elección directa de sus representantes (sin pasar por las Cortes), pero a la hora de elegir a los candidatos, sí quieren usar alguno de los criterios de la propuesta presentada hace días por su líder Pablo Casado: ninguno de los ocho juristas designados por las cámaras podría haber desempeñado cargo público o de confianza en los diez años anteriores.
Desde el Gobierno insisten en que el hilo de comunicación con el PP nunca se ha roto y citan la base del acuerdo que estaba prácticamente cerrado en verano, antes del cambio de postura del PP alegando los ataques de Podemos a la Corona. Sin embargo, pese a la buena sintonía entre López y el negociador socialista, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, las fuentes consultadas admiten que por el momento no se ha producido una convocatoria formal por ninguna de las dos partes para sentarse a negociar.
El PP considera que ha ganado una batalla y que fueron sus denuncias en los foros internacionales lo que ha obligado a Sánchez a congelar la reforma. Con esa vigilancia de Europa, el tiempo corre en contra del Gobierno ya que los órganos judiciales llevan dos años en funciones con la composición heredada de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2011. Desde el Gobierno reconocen que la reforma no es la ideal, pero que es peor tener paralizada la renovación de la Justicia que impone la Constitución.
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