La actual presidenta del Congreso cargó duramente contra el procedimiento elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy para brindar un aforamiento exprés ante el Tribunal Supremo al rey Juan Carlos tras su abdicación en 2014. Diversas fuerzas políticas coincidían en la necesidad de dotar de una protección especial al monarca emérito, que por entonces se enfrentaba a diversas demandas de paternidad. Batet aseguró entonces que el procedimiento estaba "repleto de despropósitos".
"No podemos compartir que se hayan presentado unas enmiendas a un proyecto de ley orgánica que ya existía en esta Cámara y que nada tenía que ver con ese objeto y que, por tanto, se esté usurpando a esta Cámara una deliberación, un debate sereno y acorde con lo que exige un tema tan delicado y de este calibre", afirmaba Meritxell Batet en el debate de la iniciativa en la Comisión de Justicia.
En una segunda enmienda se incluía una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal estuviese tramitando por aquel entonces alguna causa contra los nuevos aforados, estas fueran suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.
La socialista criticó que el privilegio procesal otorgado al monarca emérito (y también a las reinas Letizia y Sofía y a la Princesa de Asturias) no se tramitase mediante una ley propia desarrollada por el procedimiento ordinario, sino que se optase por un atajo legal con dos enmiendas a una reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que buscaba regular condiciones laborales de los jueces y funcionarios de Justicia. "La inclusión mediante enmiendas impide el debate parlamentario en condiciones que son absolutamente necesarias teniendo en cuenta el tema que estamos debatiendo", proseguía según las palabras recogidas en el Diario de Sesiones.
Denunció asimismo que se había incumplido el artículo 69 del Reglamento de la Cámara Baja. "Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, a todos los diputados con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, en su caso, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base en el mismo".
La reforma legal, tramitada en sólo tres días, fue aprobada en un pleno extraordinario sólo con los votos del PP y el de los de -por entonces- dos diputados de UPN y Foro Asturias. Los socialistas decidieron abstenerse en la votación junto a CiU y Coalición Canaria. Por su parte, UPyD, PNV, Izquierda Plural y el resto del Grupo Mixto votaron en contra. En total, 184 votos a favor, 32 en contra y 109 abstenciones.
Batet hizo referencia a varias del Tribunal Constitucional que fijan la necesidad de que exista congruencia material entre las enmiendas que se introducen y la ley que se pretende aprobar. En realidad, el atajo legal que denunciaban los socialistas ha sido empleado por el propio Gobierno de Pedro Sánchez, para introducir cambios en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, con esta fórmula intentaron retirar el veto presupuestario del Senado mediante una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, el portavoz republicano catalán Joan Tardá, afeó en sede parlamentaria que se "blindase" a don Juan Carlos "por miedo a la verdad" porque durante toda la democracia "ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales".
La norma recibió el visto bueno definitivo del Senado en el mes de julio.
"El aforamiento no está para proteger a las personas, sino a las instituciones, y en último extremo a la democracia. No se trata de ofrecer impunidad o inviolabilidad a nadie, porque no es eso, sino de evitar que alguna instancia pueda alterar el normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, y por ende que el interés general se vea perjudicado. Si el objetivo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular partiera de esa concepción, y hubiese pretendido mostrar ese respeto a las instituciones constitucionales, jamás hubiese hecho las cosas como las está haciendo, precipitadamente, con un mal procedimiento legislativo, y con una falta absoluta de consenso con los grupos parlamentarios de esta Cámara"
. Con este procedimiento lo único que consiguen paradójicamente es que el instrumento que se había diseñado para proteger a la democracia esté dañando a esa misma democracia. Lo lógico, señorías, hubiese sido traer un proyecto de ley propio, y lo podría haber hecho con celeridad igual, presentar un proyecto de ley orgánica de reflexión y debate sobre la institución del aforamiento, su alcance y la extensión de este a miembros de la Familia Real.
El mecanismo elegido ha sido este y no otro y se han equivocado. La inclusión de este tema de esta manera comporta incongruencia material, comporta falta de debate parlamentario, y comporta vulneración del Reglamento de la Cámara.
Procedimiento parlamentario es no respetar la democracia y, por tanto, vulnerar la función básica de este Parlamento. Si el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular querían traer a la Cámara un debate sobre este tema, deberían haber traído un proyecto de ley, ofreciendo un trato de normalidad a la cuestión, y no traer este debate mediante este instrumento parlamentario y pedir luego a todos los grupos responsabilidad y altura de miras.
En 2014, tras la abdicación del rey Juan Carlos, por ejemplo, urgía buscar al exjefe del Estado algún tipo de protección jurídica especial, hasta entonces no prevista en la legislación. Entre otras cosas, don Juan Carlos se enfrentaba a una demanda de paternidad que, sin aforamiento, habría sido dirimida por tribunales ordinarios y no por el Tribunal Supremo. En su afán por ahorrarse tiempo y trámites, el PP aprovechó el dictamen de la Ley de Racionalización del Sector Público, que regulaba las condiciones laborales de jueces y fiscales, para introducir un nuevo artículo, el 55bis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los socialistas no sólo tildaron la operación de chapuza sino que, pese a estar de acuerdo con aforar al antiguo monarca, se abstuvieron porque no querían ser cómplices de ese «despropósito».
el Gobierno de José María Aznar aprovechó una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje para introducir en el Código Penal a toda prisa un nuevo artículo, el 506bis, con el objetivo de disuadir al entonces lehendakari Juan José Ibarretxe de que siguiera adelante con su plan separatista. En 2011, es decir, ocho años después, el Tribunal Constitucional, al que había recurrido el grupo socialista en la Cámara alta, anuló ese punto por una cuestión de procedimiento, aunque para entonces el polémico artículo ya había sido derogado, en 2005, tras la llegada al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El fallo del máximo intérprete de la Carta Magna, que consideró que se había producido una «infracción de la legalidad parlamentaria» al existir una «absoluta desconexión» entre la ley en tramitación y la reforma del Código Penal incorporada en el último momento, no impidió, sin embargo, que en el Congreso los populares siguieran utilizando este tipo de atajos.
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