El Ministerio del Interior dejó en manos de los Mossos d'Esquadra el operativo para localizar y detener a Carles Puigdemont en su regreso a España. Una decisión que a la postre fue clave y terminó con la detención de tres de sus miembros por colaborar en la huida del prófugo. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegado en Cataluña no recibieron órdenes adicionales de establecer controles en los accesos a nuestro país, más allá de los normales de tráfico, hasta que ya se supo que el expresident había conseguido marcharse del alcance de los Mossos, según aseguran fuentes policiales a Vozpópuli.
Las imágenes del discurso de Carles Puigdemont en su regreso a España dieron la vuelta al mundo. Nadie se explicaba como este prófugo podía haber accedido a nuestro territorio de forma impune a pesar de que estaba siendo buscado por la justicia.
"No hubo orden de controles en los días previos"
El infructuoso dispositivo de los Mossos para darle caza fue el punto de inicio de la búsqueda por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "No hubo órdenes de montar controles para detener a Puigdemont", señalan fuentes policiales a Vozpópuli que estuvieron trabajando en el terreno desde días antes de la llegada del expresident.
La Policía Nacional llevaba días con la mosca detrás de la oreja antes de la aparición pública de Puigdemont ante miles de sus fieles. Los agentes sospechaban que el prófugo pernoctó en España en las jornadas previas a su discurso. No obstante, desde Interior no se ordenó un dispositivo ni tampoco de sus homólogos de la Guardia Civil. La orden era clara: tenían que actuar los Mossos d'Esquadra. En los días previos sí que se realizaron los controles habituales de tráfico. No hubo mandamiento específico. Esa pasividad que luego se resolvió sin éxito ha generado "malestar" entre los funcionarios que vigilan las fronteras.
Sienten que el informe de Interior remitido al juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, les pone a los pies de los caballos. No hubo inacción de funciones y hubo, de nuevo, una confianza ciega en los agentes catalanes.
En la providencia reclamada por Llarena, Interior se muestra tajante sobre Puigdemont. "Ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio del Interior", señalan.
La fuga de Puigdemont
Puigdemont se encuentra incluido en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales desde el 3 de noviembre de 2017, con sucesivas modificaciones posteriores en función de las distintas situaciones procesales. "En los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont", aclaró Interior.
El informe remitido al Tribunal Supremo explica que, por los canales y medios habituales de comunicación, los Mossos d’Esquadra informaron al ministerio del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresident una vez fuese localizado. Se ofreció "cualquier apoyo operativo" por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que precisase, "sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia".
Según Interior en los días previos la Policía Nacional y Guardia Civil "mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona". Unos controles que eran los habituales a pesar de la información de que Puigdemont iba a regresar a España. "No realizaron operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura en el Parlament y la detención, en el marco de dicho servicio", afirmó Interior.
Cuando las imágenes del discurso del expresidente aparecieron en los medios y la 'Operación Jaula' de los Mossos no dio sus frutos. Interior impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para que, por un lado, "se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos" para localizar y proceder a la detención del expresident.
El fallo de los Mossos sí que generó un refuerzo en las vigilancias de puertos y aeropuertos. Se dispusieron controles en ciertas vías públicas pero las grandes carreteras quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos. El trabajo fue infructuoso aunque se mantuvo hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto.
"Una situación escandalosa y vergonzosa"
Al ser preguntado sobre este asunto, el sindicato policial Jupol lamenta que Interior ha repetido los errores de octubre de 2017, "confiando únicamente en Mossos d´Esquadra, dejando de lado en el operativo a Policía Nacional y a Guardia Civil". "Lo que ha derivado nuevamente en una situación escandalosa y vergonzosa, permitiendo la fuga de Puigdemont tras regresar a España a pesar de estar reclamado por la justicia por diversos delitos", afirman.
Esta situación, ha relatado el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, demuestra una vez más que "para el Ministerio del Interior existe una policía de primera, como son los Mossos d´Esquadra, que nunca está cuando se le necesita y una policía de segunda, Policía Nacional y Guardia Civil, que siempre está cuando es necesario, a pesar de seguir discriminados por el Gobierno, sin la Equiparación Salarial, la Jubilación Digna ni el reconocimiento como profesión de riesgo". Unos derechos y reconocimientos, ha añadido, "que sí que tienen reconocidos los Mossos d´Esquadra", quienes no pudieron apresar a Pugidemont.
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