En el mundo judicial se ha recibido con una amplia sonrisa eso que ha dicho Alberto Ruiz Gallardón de que convertir agosto en un mes hábil a efectos judiciales no tendrá coste alguno para el erario público. Las asociaciones del sector han reaccionado de diferente forma al anuncio, dependiendo de su color político, pero los jueces y los secretarios judiciales, que son los que tienen el trabajo entre manos, han calificado este planteamiento de puramente demagógico. Vamos, que le dicen al ministro algo así como ¡tú alucinas, Gallardón!

Obligar a jueces y magistrados a trabajar en agosto como si de un mes normal se tratara, supondría, como mínimo, el fichaje de sustitutos para el señalamiento de juicios durante el mes que se tomen vacaciones. La agenda de cada juez, en la que llevan anotadas las fechas de cada proceso, es intrasferible y solo sería posible su intercambio si se creara una oficina común que aglutinara el trabajo de tramitadores y demás funcionarios. Como el personal de Justicia, al igual que el común de los mortales, tienen derecho a un mes de vacaciones, la única forma de convertir agosto en mes hábil sería mediante la creación de juzgados paralelos con horarios de tarde o bien ampliando las plantillas, algo que está fuera de las intenciones del actual Gobierno. 

¿Coste cero? Ja, ja, ja, se escucha en los juzgados de Plaza de Castilla, donde no pocos funcionarios ofrecen ideas menos demagógicas a Gallardón para agilizar el funcionamiento de la Justicia. Por ejemplo, obligar a los jueces a escribir sus sentencias en el ordenador. En pleno siglo XXI, todavía hay algunas de sus señorías que relatan sus fallos…¡a mano! Después, un funcionario normal dedica una jornada completa a traducir el jeroglífico. Asi se explican las decenas de miles de expedientes que reposan en los vetustos armarios de los juzgados y también la desesperación de los ciudadanos.