Moncloa y Rabat siguen esforzándose para destensar sus relaciones tras la grave crisis diplomática de hace un año. El giro histórico que dio en marzo el Gobierno de Sánchez, aceptando el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, reconcilió a los dos países. Ahora, pretenden cumplir una declaración conjunta con 12 puntos. Y en el sexto, que aborda la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica, España podría encontrarse un obstáculo difícil de negociar.
La declaración conjunta se limita a subrayar que se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos "con el objetivo de lograr avances concretos". Este instrumento se creó en 2001 y lleva 15 años sin reunirse. Según Público, el grupo de trabajo comenzará en junio. Moncloa quiere lograr un acuerdo en el marco del Convenio de la ONU sobre derechos del mar. El problema es que una parte de estas aguas pertenecen al Sáhara Occidental, pese a que Marruecos las considera suyas. Si Sánchez cede a Mohamed VI en este punto, España podría terminar en los tribunales internacionales.
Moncloa quiere lograr un acuerdo en el marco del Convenio de la ONU sobre derechos del mar. El problema es que una parte de estas aguas pertenecen al Sáhara Occidental, pese a que Marruecos las considera suyas. Si Sánchez cede a Mohamed VI en este punto, España podría terminar en los tribunales internacionales
Las aguas de la fachada atlántica están separadas por una mediana. Dentro de las que quedan en lado africano, hay unas ubicadas frente al territorio ocupado del Sáhara Occidental. Marruecos ya maniobró por su cuenta para apropiarse de ellas. A principios de 2020, aprobó dos leyes para declarar su soberanía sobre las aguas del Sáhara y ampliar así su influencia oceánica. En concreto, Rabat estableció un perímetro de 12 millas a lo largo del Sáhara Occidental. También delimitó las 200 millas de su zona económica exclusiva (ZEE) y añadió las 350 millas de la plataforma continental, es decir, el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas. Las leyes no se han llegado a aplicar a falta de un reglamento para su ejecución, pero chocaban con la delimitación de las aguas territoriales españolas en Canarias.
En el asunto de las aguas saharauis, Marruecos no cuenta con el aval de la Justicia europea. En septiembre, el Tribunal General de la UE (TGUE) tumbó el acuerdo pesquero entre los 27 y el reino alauí. El TGUE dio la razón al Frente Polisario. Según el TGUE, cualquier decisión entre el bloque y Marruecos que incluya recursos y aguas del Sáhara Occidental, deberá contar con el visto bueno del Polisario. Por ahora, el fallo ha sido recurrido por el Consejo Europeo.
La inclusión de las aguas del Sáhara en el pacto, "perseguible en los tribunales"
"Dentro de los recursos naturales que más explota Marruecos en el Sáhara Occidental destacan por su importancia geoestratégica la pesca, más del 88% de las exportaciones pesqueras que realiza Marruecos provienen del territorio saharaui", explica a este diario Baba Ahmed Mulay, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Alfonso X el Sabio. A su juicio, España no tiene por qué negociar las delimitaciones marítimas correspondientes al Sáhara Occidental con Marruecos.
"Los tratados internacionales relativos a las delimitaciones marítimas están sujetos al derecho internacional y de forma especial a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", detalla. El profesor recuerda que tanto Marruecos como España firmaron dicha convención. Hace énfasis en su artículo 2, que dice que la soberanía de un estado archipelágico se extiende hasta la franja de mar adyacente designada con el nombre del mar territorial. Además, establece que la soberanía de un estado sobre sus aguas se extiende también al espacio aéreo sobre el mar territorial, el lecho y el subsuelo de ese mar.
Lo que pretende Marruecos con esta maniobra es tratar de que España le reconozca la soberanía sobre el Sáhara Occidental mediante la negociación de un trazado de fronteras marítimas, porque dicha negociación, en caso de llevarse a cabo sobre las aguas del Sáhara, puede sentar precedentes jurídicos"Baba Ahmed Mulay, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Alfonso X el Sabio
"El espacio aéreo de un país está delimitado por normativas internacionales reconocidas por la Organización Mundial para la Aviación Civil (OACI), para una navegación aérea segura, ordenada y correcta de los espacios aéreos en FIR (Flight Information Region) que se corresponden con las fronteras internacionales. El espacio aéreo español se divide en tres FIR, FIR Madrid, FIR Barcelona y FIR Canarias", aclara. Con este contexto, Mulay entiende que España no tiene por qué negociar las delimitaciones con aguas saharauis "porque su espacio aéreo está incluido dentro del FIR Canarias, y la Entidad Pública Empresarial gestora de la navegación aérea en España y el Sáhara Occidental (ENAIRE) sigue incluyendo en sus mapas de vuelo a los aeropuertos saharauis del Aiún y Dajla (Villa Cisneros) como aeropuertos españoles".
"Marruecos lo que pretende con esta maniobra es tratar de que España le reconozca la soberanía sobre el Sáhara Occidental mediante la negociación de un trazado de fronteras marítimas, porque dicha negociación, en caso de llevarse a cabo sobre las aguas del Sáhara, puede sentar precedentes jurídicos y por ende reclamos de Marruecos sobre otros enclaves como la ampliación de la Zona Económicamente Exclusiva (ZEE) para incluir al Monte Tropic localizado en el subsuelo oceánico frente a las costas de Dajla (Villa Cisneros), y que atesora grandes reservas de minerales estratégicos", sostiene.
En declaraciones a Europa Press, Juan Francisco Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco (UPV), advierte que el Gobierno de Sánchez "no puede negociar un tratado con Marruecos que incluya las aguas territoriales del Sáhara porque estaría violando el Derecho Internacional, ya que es un territorio no autónomo". Soroeta cree que es "impensable" que España negocie un tratado de esas características con Marruecos. Las intenciones manifestadas por el Ejecutivo español -añade- no tienen "consecuencias jurídicas", pero si llega a un acuerdo sobre las aguas que incluyera a la antigua colonia "sería perseguible ante los tribunales internacionales".
Por esta razón, Soroeta está convencido de que el Gobierno no llegará tan lejos en las negociaciones, pero también tiene dudas de que Rabat acepte excluir unas aguas que considera suyas.
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