El análisis de la documental remitida al caso Morodo estrecha el cerco sobre los presuntos pagos irregulares que salieron de Petróleos de Venezuela. La reciente información adherida a la causa por parte de las autoridades helvéticas desvela que la Fundación Ayacucho, sobre la que se han detectado cuentas con 5,7 millones de dólares en una banco suizo, está íntimamente ligada a Juan Carlos Márquez Carbrera. Se trata de uno de los exaltos cargos de PDVSA hallado ahorcado en Madrid justo poco después del arranque de estas pesquisas contra el exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.
Así lo recoge la última documental remitida por Suiza, a quien la Audiencia Nacional libró una comisión rogatoria en mayo de 2019. Tal y como avanzó este diario, el magistrado Alejandro Abascal se acaba de dirigir a la Fiscalía Anticorrupción para recabar su criterio acerca de si mantener el bloqueo provisional acordado por la Fiscalía de Berna al capital de la Fundación Ayacucho. La documental bancaria remitida destapó que amasaba 5,7 millones de dólares en la entidad de Zarattini and Co. Suiza ordenó el embargo provisional de esta cuenta el año pasado y está a la espera de respuesta por parte de la Audiencia Nacional.
La fundación forma parte del conjunto de empresas de las que se habría valido Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y los socios de éste último para canalizar pagos millonarios desde PDVSA por contratos de asesoramiento que, según los investigadores, son ficticios. La nueva documental remitida al Juzgado de Instrucción número 1, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, destapa que, detrás de esta firma, se encontraba uno de los exaltos cargos de la petrolera presuntamente saqueada por jerarcas de la esfera del chavismo.
Se trata de Juan Carlos Márquez Cabrera, antiguo director ejecutivo de la compañía nacionalizada. Los investigadores también actuaron contra él al considerar que entre los años 2008 y 2012 pudo haber firmado los contratos que están bajo sospecha. Sin embargo, Márquez Cabrera se suicidó coincidiendo con el arranque de esta investigación. La misma se abrió por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales, entre otros.
La documentación remitida ahora por Suiza destapa que la Fundación Ayacucho se registró en Panamá en octubre de 2018 y, como administradores únicos, figuraban los padres de Márquez. La entidad, radicada en Lugano, explica en la vasta documental aportada a la Audiencia Nacional que los movimientos de capital de esta fundación privada (que nació con un capital de 10.000 dólares) le llevaron a impulsar una due diligence por presunto blanqueo de capitales.
La viuda de Márquez
Al hilo, destacaron que Juan Márquez, padre del exalto cargo de PDVSA, había nacido en Galicia pero llevaba más de dos décadas en Venezuela. De hecho, sospechan que pudo tener "intereses comerciales" en Venezuela más allá de los detectados, pero no pudieron contrastarlo debido a la dificultad para obtener información de Venezuela. Lo que sí acreditaron es que la Fundación pasó de tener un capital de 10.000 dólares a amasar 5,7 millones en tan solo un año.
Se da la circunstancia de que el banco tiene información sobre Ana Korina Ulloa, viuda de Márquez Cabrera. Ulloa -que también está imputada en el procedimiento contra los Morodo- integraba la lista de la veintena de cargos entre investigados y testigos citados la semana pasada en la Audiencia Nacional. En su declaración, la viuda de Márquez insinuó que éste tenía problemas con el alcohol y pensaba en la muerte. También se desligó de las firmas de su marido y dijo que si figuró a nombre de alguna de ellas fue porque confiaba plenamente en él.
En la documental aportada por las autoridades helvéticas se incluye el currículum vitae de Ulloa. Éste recoge que arrancó su carrera profesional en el año 2000 y, cuatro años después, recaló en PDVSA. Entre 2004 y 2009 ejerció como asistente ejecutiva en una de las vicepresidencias de la petrolera, considerada como la 'joya de la corona' de Venezuela. Salió de la petrolera a finales de ese año, coincidiendo de este modo casi con el tiempo en el que Raúl Morodo estuvo destinado en la embajada española de Venezuela (2004-2007).
Préstamos millonarios
La documental incorporada al sumario también alude a otras firmas del entramado, señaladas por los investigadores como instrumentos que permitieron canalizar el dinero e introducirlo en España. Destacan, entre otras Lakeside Overseas o la consultora Alcander. La primera de ellas fue constituida en el año 2012 en el paraíso fiscal caribeño San Vicente y Las Granadinas mientras que la segunda está vinculada tanto a Márquez Cabrera como a otro de los imputados en el procedimiento: Carlos Adolfo Prada Gómez.
Los investigadores sospechan que a través de esta mercantil (registrada como consultora en el ámbito de hidrocarburos y materias primas) se invirtió en inmuebles de toda España con el fin de dar salida al capital que provendría de manera irregular desde Venezuela. Los movimientos se produjeron, principalmente, en el año 2018, coincidiendo con la antesala de este procedimiento que estalló a mediados del año siguiente. Destacan, entre todos ellos, la compra por parte de Márquez Cabrera de acciones de Alcander a Lakesides Overseas por 1,3 millones de euros.
Con todo, Alcander no fue la única prestataria de las operaciones. La fundación a nombre de los padres de Márquez Cabrera también recibió otro abono de 1,3 millones de euros desde la firma Belcano Investments. Detrás de esta sociedad estaba el ciudadano venezolano Prada Gómez. La misma se registró igualmente en Panamá y recogió en su objeto social que estaba habilitada para realizar préstamos y otro tipo de inversiones inmobiliarias.
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