El Gobierno conoce desde hace meses que el ex ministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Juan Carlos Campo, sigue en el no a la Ley de Amnistía, porque así se lo ha ido transmitiendo él en privado a sus compañeros en el alto tribunal y a diversos altos cargos socialistas, pero el Ejecutivo confiaba en que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, le convencería in extremis para que apoyase la medida de gracia.
En el peor de los casos, Pedro Sánchez esperaba que Conde-Pumpido retrasase la inhibición del ex ministro socialista hasta que lleguen, a lo largo de 2024, los posibles recursos de inconstitucionalidad ante el TC que presenten el Tribunal Supremo y los distintos jueces y tribunales catalanes competentes sobre el referéndum ilegal del 1-O , el Grupo Popular en Cortes y también gobiernos autonómicos del PP.
Por eso, el paso adelante de Campo preocupa, admiten a Vozpópuli fuentes socialistas. No tanto por la inhibición en sí, sino porque sea “ahora”, porque el PP ya puede usarlo en sus recursos al TC; y, sobre todo, porque la Sala Segunda del Supremo presidida por Manuel Marchena tenga de antemano un elemento más que añadir en la cuestión prejudicial que llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y antes de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de beneficiarios.
No esperaban ni La Moncloa ni el PSOE el intento de Campo de quitarse de en medio de forma “preventiva”, al amparo de un recurso ante el TC contra la Ley de Amnistía presentado por un particular, dando así pie al PP a formular otras recusaciones como la del propio presidente del tribunal, Conde-Pumpido, o la magistrada Laura Díaz
No es un argumento menor, admiten las citadas fuentes socialistas, que el ministro de Justicia firmante en 2021 de los indultos a Oriol Junqueras, un decreto donde decía negro sobre blanco que la amnistía es “claramente inconstitucional” en España, se aparte de las deliberaciones antes, incluso, de que los principales recursos se registren en el alto tribunal.
La Moncloa y el PSOE no esperaban su intento de quitarse de en medio de forma “preventiva”, al amparo de un recurso ante el TC contra la Ley de Amnistía presentado por un particular, dando así dio pie al PP a pedir también las recusaciones del propio presidente del TC, Conde-Pumpido, y de la magistrada Laura Díaz, hasta 2022 ex directora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del gabinete socialista. Un claro intento de dar la vuelta a la mayoría progresista del tribunal para que Pumpido no pueda usar su voto de calidad en caso de empate a cinco votos en el pleno del TC.
Lo cierto es que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional sin Campo -seis frente a cuatro magistrados- se enfrenta a una verdadera encrucijada: si acepta la inhibición del ex ministro, uno de los suyos, se arriesga un efecto cascada de recusaciones, por más que ni Conde Pumpido y Díaz hayan formulado declaraciones públicas previas sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la futura ley, como si hizo el ex ministro en diversos medios de comunicación.
Si la mayoría progresista niega a aprobar su inhibición, se arriesga a que Campo acabe votando en contra con los cuatro conservadores y la constitucionalidad de la Amnistía salga aprobada solo por seis a cinco, con cinco ‘votos particulares’ en contra; un elemento a añadir a los argumentos del recurso del Tribunal Supremo ante el TJUE europeo.
Si la mayoría progresista niega a aceptar esa inhibición, se arriesga a que Juan Carlos Campo acabe votando en contra de la ley con el bloque conservador y, por extensión, se arriesga a que la sentencia de constitucionalidad de la ley salga solo por seis a cinco y con cinco votos particulares en contra; un elemento, éste, sin duda, a tener en cuenta por el TJUE europeo en su resolución, que es de obligado cumplimiento por el Estado demandado.
La última instancia judicial de la Unión Europea va a tener que decidir no sólo sobre el argumento principal de los contrarios a la Ley de Amnistía -que atenta contra el principio de igualdad-, sino que deberá abordar la supuesta “arbitrariedad” que supone haber legislado solo por necesidad de siete votos de Junts per Catalunya; algo que, “sorprendentemente”, señalan fuentes jurídicas a Vozpópuli, el propio Sánchez y el PSOE se empeñan en reconocer públicamente.
En concreto, el artículo 9.3 de la Constitución Española (1978) menciona expresamente “la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos”, esto es, la toma de decisiones alejadas del interés general. No obstante, el Ejecutivo antepone a eso el redactado del preámbulo de la proposición de ley presentada, donde se regulan los antecedentes en España y en otros países, y se señala que la nueva amnistía española está “perfectamente homologada” al rule of law (Estado de Derecho) europeo.
Bolaños vuelve a Bruselas
Pero, aunque el comisario de Justicia de la comisión, el liberal belga Didier Reynders, calificó este miércoles en el Parlamento Europeo como un “asunto interno” de España la tramitación de la proposición de Ley de Amnistía, también se cuidó de advertir que la Comisión va a estudiar "con detenimiento, de forma objetiva e independiente" si cumple con la legislación europea.
“Seguimos muy de cerca esta cuestión", añadió Reynders ante los escasos europarlamentarios que acudieron al pleno, en línea con sus dos avisos previos al Gobierno de coalición, lanzados antes de que PSOE y Junts llegaran a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y el Grupo Socialista registrara formalmente la norma en el Congreso de los Diputados.
Este jueves el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, volverá a Bruselas para mantener un encuentro con Reynders y con la vicepresidenta responsable del cumplimiento del Rule of Law (Estado de Derecho), la checa Vera Jourova, sabedor de que las palabras del comisario belga y las del Alto Representante Exterior de la UE, el español Josep Borrell, coincidiendo ambos en mostrar su “preocupación” por la Amnistía pueden crear un clima contrario a los intereses del Gobierno de cara a deliberación del TJUE cuando el Supremo presente cuestión prejudicial.
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