La Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas ha emitido este verano un informe sobre tráfico personas y hace especial análisis sobre África occidental acerca de la inmigración irregular que llega a Canarias en embarcaciones de forma irregular. El texto del Departamento de Estado norteamericano, al que ha tenido acceso VozPópuli, cita a las islas y menciona los acuerdos que desde 2003 tiene España con países como Mauritania, territorio del que precisamente este mes de julio se marcha su embajadora Cynthia Kierscht a ocupar otro destino. En el epicentro de los problemas que tienen los niños migrantes no acompañados en origen antes de embarcarse en cayucos hay un colectivo docente de especial relevancia: profesores de escuelas coránicas. Los mandan a buscar dinero a la calle y facilitan que se conviertan en blanco perfecto para que las mafias los usen para levantar dinero a sus familias ofreciendo traslados.
No solamente fuerzan a los niños a la mendicidad sino también a salir del país en connivencia con traficantes mayoristas que, a su vez, cuentan con la complicidad de agentes de seguridad. El informe oficial señala que "la libre circulación de los ciudadanos de África occidental (entorno Cedeao) facilita a los traficantes el cruce de las fronteras" y que la tasa de registro de nacimientos en países como Guinea-Bissau es inferior al 25%, "lo que aumenta la vulnerabilidad", especialmente entre los niños.
El informe señala que "maestros coránicos corruptos" obligan "a los niños de Mauritania y otros países de África occidental" que estudian en sus catequesis "a mendigar comida y dinero". El texto agrega: "se dice que los traficantes han obligado a algunas mujeres y niños a contrabandear drogas ilícitas". De Senegal, el informe subraya que la "presión pública asociada con la influencia social de los maestros coránicos" genera que las pocas sanciones que han existido "no disuadieron de la explotación futura" especialmente "los que involucraban a profesores coránicos, y que en años anteriores algunos funcionarios de seguridad supuestamente facilitaron cruces fronterizos no autorizados de migrantes".
De Mauritania el Departamento de Estado de EE.UU advierte que "los maestros coránicos corruptos sospechosos de explotar a los estudiantes en la mendicidad forzada rara vez fueron procesados y generalmente llegaron a acuerdos con los fiscales para desestimar los casos" y que "algunas fuerzas de seguridad presuntamente se confabularon con los traficantes de migrantes para facilitar el cruce irregular de la frontera en Nuadibú".
Esto sigue por el Golfo de Guinea. "Los maestros coránicos corruptos explotan las débiles instituciones de Guinea-Bissau y las fronteras porosas para transportar grandes cantidades de niños de Guinea-Bissau a Senegal –y en menor medida a Malí, Guinea y Gambia– para que mendiguen forzosamente en daaras explotadoras. Los maestros coránicos corruptos también obligan a niños de Guinea-Bissau, Guinea, Gambia y Sierra Leona a mendigar en Bissau". Los maestros coránicos tienen acceso a menores porque "en algunos casos, debido a la falta de alternativas económicas, las familias envían voluntariamente a sus hijos a Senegal sabiendo que se verán obligados a mendigar".
El tráfico
El informe anual sobre el tráfico de migrantes que elabora EE.UU denuncia que "los traficantes explotan a los migrantes extranjeros, especialmente a los nacionales de Malí y Senegal, en trabajos forzados en el sector informal; los migrantes a menudo trabajan sin contratos y son explotados en servidumbre por deudas". Una vez que saldan su deuda pueden embarcarse a buscar un futuro mejor.
En cuanto a género, la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas apunta en su informe de 2023 que mientras las niñas de África occidental "son vulnerables a la servidumbre doméstica y la trata sexual en Mauritania", "los traficantes explotan a los niños senegaleses en la pesca, el trabajo doméstico, la producción de drogas y el tráfico sexual" hasta el punto que, señala el informe oficial del Departamento de Estado de EE.UU, "se informa de que los migrantes y refugiados en Nouadhibou se han involucrado en el sexo comercial debido a su terrible situación financiera, lo que aumenta su vulnerabilidad a la trata sexual".
El texto agrega que "los traficantes en la ciudad portuaria de Nouadhibou explotan a los migrantes africanos subsaharianos que transitan por Mauritania en ruta a Europa en trabajos forzados y tráfico sexual; algunos traficantes se hacen pasar por contrabandistas de migrantes, pero luego explotan a los migrantes en trabajos forzados".
El informe destaca que en virtud de un acuerdo de 2003 con España, las autoridades mauritanas recibieron a migrantes deportados, que "presuntamente habían transitado por el país en ruta hacia las Islas Canarias de España". "El gobierno procesó de inmediato a estos migrantes y los transportó a las fronteras de Senegal y Mali sin examinarlos sistemáticamente para detectar vulnerabilidades ni permitir que las organizaciones internacionales ofrecieran servicios de protección". Sin embargo, "las autoridades aparentemente respondieron a las solicitudes de las organizaciones internacionales de examinar a los migrantes cuando los actores de la sociedad civil identificaron a posibles víctimas entre ellos".
En Mauritania, ha advertido la diplomacia norteamericana, en 2022 "hubo denuncias de que las autoridades detuvieron a algunos migrantes sin el debido proceso, colocaron a niños no acompañados en detención con adultos, abusaron de los migrantes durante el arresto y la detención y no les brindaron acceso a instalaciones adecuadas, incluidos alimentos y saneamiento".
Quitar la nacionalidad
El informe oficial norteamericano apostilla que "el país contribuyó a la apatridia, entre otras cosas mediante la desnacionalización discriminatoria y con problemas de registro de nacimientos". Así, miles de subsaharianos que fueron devueltos al país desde Senegal tras su expulsión masiva entre 1989 y 1991 eran legalmente apátridas. Muchos niños nacidos fuera del matrimonio tuvieron dificultades para obtener documentos de estado civil, ya que las autoridades exigían prueba de identidad de ambos padres.
Los niños y las mujeres sobrevivientes de la esclavitud hereditaria se vieron especialmente afectados, y algunos no pudieron cumplir con los requisitos legales para establecer la paternidad y obtener el registro civil. En julio de 2022, el gobierno lanzó una campaña de registro para permitir que las personas no registradas recibieran documentos de estado civil antes de que la campaña cerrara el 31 de diciembre. La campaña tenía como objetivo llegar a más de 100 comunidades en todo el país, particularmente en lugares remotos. En noviembre, el gobierno informó que había registrado a más de 320.000 personas previamente indocumentadas, y estimó que quedaban varios cientos de miles de personas por registrar.
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