Aires de consternación en el seno de un Gobierno no carente de problemas estos días, a cuenta del indulto otorgado por el ministro Ruiz-Gallardón al kamikaze que, el 1 de diciembre de 2003, acabó con la vida de José Dolz España, 25, en la autopista AP-7, tramo entre Valencia y Alicante. El Ejecutivo sospecha que el ministro de Justicia le metió un gol en el consejo de ministros de finales de diciembre, en el que se aprobó la medida de gracia. “Ese indulto ha sido una `cagada´ (sic) y el Gobierno lo sabe; el problema es que no sé qué arreglo puede tener eso, aunque me parece que difícil”, ha asegurado a este diario una fuente de toda solvencia de Moncloa.
De acuerdo con la fuente, “el propio Rajoy es muy consciente de que eso ha sido un error, aunque no puedo decir que ese reconocimiento vaya a plasmarse en una iniciativa concreta”. Fuentes jurídicas consultadas por este diario han asegurado que desde el punto de vista del Ejecutivo, la decisión es inamovible: “Eso no tiene arreglo; lo único que podría hacerse es que la familia del fallecido recurriera el indulto en la jurisdicción contencioso administrativa, de modo que fuera la Sala III del Tribunal Supremo quien lo anulara”.
El indulto concedido a Ramón Ríos Salgado, el conductor kamikaze que acabo con la vida de José Dolz, tras ser condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás, ha causado una gran conmoción social en toda España. Conmoción e indignación, también, al conocerse los detalles de la medida de gracia: el abogado defensor del kamikaze es Esteban Astarloa, miembro del bufete Uría & Menéndez y hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, número dos del ministerio de Justicia que fue entre 2000 y 2002, y en el bufete Uría trabaja también José Ruiz-Gallardón Utrera, hijo del ministro de Justicia del mismo apellido.
A mayor abundamiento, la gracia se concedió con el informe en contra tanto de la Fiscalía como de la Audiencia Provincial (AP), además de las víctimas, naturalmente. Solo el centro penitenciario de Alicante respaldó con argumentos fútiles el indulto. Fuentes jurídicas consultadas la semana pasada por este diario aseguraron que es práctica establecida en el ministerio de Justicia que "ninguna petición de gracia pase la correspondiente criba si no va avalada por el informe favorable tanto de la Fiscalía como de la AP; sin esos dos requisitos es que la petición ni siquiera llega a la mesa del subsecretario”.
La creencia general es que en este caso existía un interés especial del ministro Ruiz-Gallardón por el indulto. Entre las numerosas muestras de repulsa que la decisión ha merecido en toda España cabe citar la iniciativa de la asociación de víctimas de accidentes de tráfico Stop Accidentes, que ha remitido una carta al titular de Justicia pidiendo que declare nulo el susodicho indulto. Además, la asociación ha enviado otra misiva al fiscal de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, para que tome las medidas oportunas a fin de que esta fiscalía sea informada con anterioridad de las peticiones de indulto a este tipo de condenados.
En la carta al ministro, Stop Accidentes manifiesta a Ruiz-Gallardón su decepción por esa medida, que rechaza por suponer “un fraude a la independencia judicial, a la dignidad humana y al derecho de las víctimas de accidentes de tráfico”. Para esta asociación, la actuación del ministro supone un “menosprecio” a las personas y familias que han sufrido un siniestro por la actuación de personas “irresponsables, verdaderos delincuentes condenados por sentencias firmes”. Stop Accidentes cree que esa medida de gracia representa “un maligno mensaje” a la sociedad y asegura que se ha adoptado tras una interpretación “desviada e inadecuada” de la normativa sobre indultos.
Este lunes, 21 de enero, cerca de un millar de personas se concentraron en las puertas del Ayuntamiento de Alzira (Valencia) para pedir al Gobierno que “revoque” el indulto al conductor kamikaze que provocó la muerte de José Dolz, un joven nacido en esta población. Familiares, amigos, vecinos y personas procedentes de los municipios cercanos y de otras poblaciones de la provincia de Valencia se sumaron a la protesta por el indulto.
