El propio Gobierno reconoce en los documentos remitidos a Bruselas sobre las reformas pendientes que en los tribunales españoles hay resoluciones judiciales atascadas por una cuantía superior a los 21.000 millones de euros. De ellos, 6.000 proceden de contenciosos tributarios, la mayor parte de ellos paralizados en su ejecución en los juzgados. Otros 8.000 millones están taponados y pendientes de resolución en la vía económica administrativa. Hay 4.000 millones más bloqueados en expedientes de expropiación forzosa, a los que se añaden otros 3.000 enterrados en sumarios de delito fiscal. Si se contabilizaran los grandes expedientes relacionados con el arbitraje estatal, habría que multiplicar la cifra por tres, admite el Ejecutivo en su informe.
6.000 millones están bloqueados en litigios tributarios, 8.000 en la vía de lo contencioso y 4.000 en expedientes de expropiación forzosa
En un momento en el que la actividad económica funciona con respiración asistida, el penoso funcionamiento de la Justicia hace que los tribunales se encuentren colapsados sin que ninguna de las reformas realizadas por los gobiernos de Zapatero haya dado sus frutos. El problema es que el actual ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, ha decidido tomarse las cosas con calma después de haber marcado territorio en algunos asuntos de marcado carácter moral e ideológico, como son los del aborto y el matrimonio homosexual.
Gallardón condiciona el desatasco de los tribunales a tres leyes que “estarán ultimadas en octubre para su tramitación parlamentaria”. Se trata de la ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de Demarcación y Planta Judicial y, por último, la ley de Enjuiciamiento Criminal. Con la reforma de estas normas, sostiene el ministro en el informe remitido a Bruselas, “se conseguiría desbloquear los importantes recursos económicos que están pendientes de una decisión judicial y ponerlos de nuevo en el tráfico económico”.
En las intenciones del ministro está también implantar el expediente judicial electrónico en todo el territorio nacional para rebajar la congestión de los juzgados.
Hasta el momento, la única medida madurada por Justicia para conseguir este objetivo y evitar que los tribunales sigan saturados ha consistido en la subida de las tasas judiciales, paso encaminado a reducir el número de recursos entre particulares, sobre todo entre la población inmigrante, y también a ajustar el uso del sistema judicial al coste real del servicio administrado.
En la agenda de Gallardón figura también sin fecha concreta la reforma de la regulación de los contratos contenida en el Derecho Mercantil y en el Código Civil, que buscará un tratamiento más ágil de las transacciones comerciales.
Si las principales reformas que Gallardón tiene en cartera esperan a octubre, como es su intención, sus efectos prácticos no se dejarán notar, como poco, en año y medio, admiten fuentes gubernamentales y parlamentarias.
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