Se acabaron sueldos como el del alcalde de Barcelona de 109.000 euros anuales o el de la regidora de Madrid de 101.000 porque el anteproyecto de reforma de la administración local pretende que, tras su aprobación, ningún alcalde ni presidente de Diputación pueda cobrar más que un ministro, cuyo sueldo es de 68.981 euros anuales. Se trata de un recorte que supera con creces los que han sufrido otros miembros de la Administración, en un intento por reordenar el caos retributivo en que se han convertido nuestros ayuntamientos, donde los sueldos se deciden al albur de los miembros de la corporación local. Porque si son Barcelona y Madrid las que mejor pagan a sus regidores, hay otros como Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Orense o San Sebastián, por poner unos ejemplos de capitales de provincia, que no les van a a la zaga, todo ello sin olvidar aquellos núcleos urbanos que sin ser cabeza de provincia retribuyen muy bien a sus alcaldes como Alcobendas, La Rozas y Pozuelo, todos ellos municipios madrileños.
No se trata ya de que ganen más que algunos presidentes autonómicos, sino que se sitúan por encima incluso del presidente del Gobierno. Mariano Rajoy recibe una retribución de 78.185,04 euros anuales a la que habrá que restar un siete por ciento tras el recorte que se ha aplicado el Ejecutivo tras eliminar la paga de Navidad de los funcionarios. Pero es que, además, las retribuciones de la corporación municipal no podrán suponer más del 0,6 por ciento del total de gastos del prespuesto municipal y, ya puestos con la tijera, se recorta en un 30 por ciento el número de concejales, limitándose a 35 ediles en los ayuntamientos grandes, y se pone coto el número de asesores de las entidades locales dado que el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
21.338 concejales menos a partir de 2015
Será la Ley de Presupuestos la que determine la retribución de los alcaldes y de los concejales en función de las características y dimensiones del municipio (se tendrán en cuenta cuestiones como la población o la capitalidad de Comunidad) y la futura Ley de Transparencia obligará a dar publicidad de las mismas, tarea que, hoy por hoy resulta casi imposible de conocer. Por otro lado, habrá que modificar la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) para rebajar el número de concejales que pasarán de los actuales 68.578 --según datos de Hacienda-- a 47.240, esto es, 21.338 menos, un 31,1 por ciento de reducción. Como es lógico, esta reducción no se producirá hasta celebradas las próximas elecciones locales, en mayo de 2015.
Además, la reforma conllevará no sólo la eliminación de las mancomunidades, con lo que se pretende ahorrar 700 millones, sino otras 3.725 entidades locales menores como pedanías y parroquias de toda España. En cambio, las diputaciones provinciales consejos insulares, cabildos y comarcas se convierten en las grandes "estrellas" de esta reforma al asumir la gestión de los servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, los mismos que en un porcentaje superior al 70 por ciento no presentan sus cuentas anuales.
El coste per cápita de la prestación de servicios en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613 euros, mientras que en los de más de 100.000 es de 652,91.
Hacienda eleva a 2.248 millones de euros lo que se puede ahorrar si las Diputaciones absorben la prestación de los servicios públicos obligatorios de los municipios de menos de 5.000 habitantes, cifra que se elevaría a 3.500 millones si se incluye a los de hasta 20.000 vecinos. Según el Instituto de Estudios Fiscales, que el Ministerio ha hecho suyo, el coste per cápita de la prestación de servicios en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613 euros, mientras que en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes es cuatro veces menor, 652,91.
La reforma llegó a la mesa del Consejo de Ministros del pasado viernes en forma de Anteproyecto de Ley, por lo que hoy no se aprueba junto al macro decreto-Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a su Junta de Gobierno el próximo martes para analizar el texto, aunque oficialmente ha advertido de que espera que se respete la autonomía local. Su todavía presidente y alcalde de Sevilla --que se verá afectado por el recorte de sueldo--, Juan Ignacio Zoido, ha indicado que "los ayuntamientos formamos parte del problema, pero no somos el principal problema". De hecho, las corporaciones locales han sido las únicas que han reducido su deuda. Por su parte, el vicepresidente primero de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quiere que el día 24 se convoque a la Asamblea General de la Federación para que se pronuncia sobre uan reforma que considera "un retroceso radical en el municipalismo".
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