Alemania presenta un alto índice de entrega de detenidos reclamados por otros países de la Unión Europea como es el caso del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, arrestado este domingo en territorio alemán después de que la justicia española reactivase el viernes su petición de arresto internacional. Según un estudio de la Comisión Europea recogido por Vozpópuli, la cifra roza el 80 por ciento de efectividad en los procedimientos abiertos en virtud de una Orden Europea de Detención (OED).
Las estadísticas corresponden al año 2015, último ejercicio del que se tienen datos oficiales, según confirma a este periódico un portavoz de la Comisión Europea. Las cifras indican que en ese periodo fueron arrestadas en Alemania un total de 1.635 personas en cumplimiento de órdenes de europeas de detención. Sólo Reino Unido supera el dato de arrestos en su territorio.
A partir de todas esas operaciones, las instituciones teutonas iniciaron 1.610 procesos de entrega, es decir, sólo en 25 ocasiones la justicia alemana descartó siquiera analizar el caso. De esos procesos judiciales, un total de 1.283 detenidos terminaron en el país que los reclamaba, lo que supone un porcentaje del 79,68 de efectividad.
Según establece el procedimiento de ejecución de una OED, ahora se abre un plazo que puede durar entre 10 y 60 días, en función de si el detenido acepta ser entregado a su país o se niega, extremo este último al que presumiblemente se acogerá Puigdemont. Si solicitase asilo político, el proceso podría alargarse. En cualquier caso, la decisión marco sobre la ODE establece que este trámite debe llevarse a cabo con “urgencia”.
En este sentido, los datos de la Comisión Europea indican que Alemania tarda una media de casi 42 días en proceder a una entrega cuando el detenido se opone a volver a su país. El plazo medio en España, por ejemplo, es de 28 días. Atendiendo a los 24 países países europeos de los que se tienen datos, Alemania se sitúa en el puesto número 13 de la lista en cuanto a rapidez. En los casos en los que el detenido accedió a la entrega, el tiempo transcurrido bajó a una media de 15 días.
Carles Puigdemont fue arrestado a las a las 11.19 (hora local) en una estación de servicio de la autopista A7, a la altura del municipio de Schuby, poco después de entrar en territorio alemán por Dinamarca. Esta operación fue posible gracias al trabajo de seguimiento aplicado por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Comisaría General del Información de la Policía Nacional.
Según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación, cerca de 40 agentes de ambos organismos han intervenido en las labores para seguir a Puigdemont. Desde el viernes, él y su entorno trataron de burlar a medios de comunicación y autoridades aportando pistas falsas sobre su situación tras un viaje a Finlandia. La interlocución con Alemania se hizo con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA).
Las mismas fuentes consultadas aseguran que los últimos días mantuvieron contacto con otros servicios policiales europeos, pero admiten que eran conscientes de que la legislación alemana es más beneficiosa para que el dirigente fugado sea entregado a España. Bajo esa jurisdicción fue detenido a pocos kilómetros de haber cruzado la frontera de Dinamarca en coche.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró el pasado diciembre la orden europea de detención dictada en su día por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Para que un detenido sea entregado por los delitos por los que se le reclama, estos tienen que estar presentes en el Código Penal del país que lo ha detenido. Llarena temió que Bélgica sólo aceptase la entrega de Puigdemont para que fuese juzgado por un delito de malversación, dejando al margen el de rebelión, penado con hasta 25 años de prisión.
Entre diez años y cadena perpetua en Alemania
La legislación alemana en este caso deja pocas dudas. Los artículos 81 y 82 de su Código Penal contemplan los delitos de Alta Traición contra la Federación o Alta Traición contra un Estado Federal. El primero está castigado con penas de entre más de diez años o cadena perpetua. En casos menos graves, la condena es de un año hasta diez. El segundo artículo contempla penas de uno a diez años o en casos menos graves de seis meses a cinco años.
La redacción del artículo 81 sanciona a quien “intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la república federal de Alemania o cambiar el orden constitucional”. El artículo 82 se refiere a quien trate de incorporar un territorio de un Estado “parcial o totalmente” a otro o quien trate de “separar una parte de un Estado”. Esta redacción guarda coincidencias con los argumentos incluidos por el juez Llarena en su auto de procesamiento del pasado viernes.
Puigdemont fue trasladado tras su detención hasta la cárcel de Neumünster, en el estado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania. Está previsto que este lunes pase a disposición del juez, quien tendrá que decidir si le mantiene en prisión o le deja en libertad con la aplicación de alguna medida cautelar mientras se tramita su Orden Europea de Detención. El riesgo de fuga demostrado por el expresidente catalán será uno de los motivos que tendrá que estudiar.
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