Los contratos de publicidad institucional a los que llegó la Diputación de Almería en 2011 y 2012 son el nuevo quebradero de cabeza del presidente de la institución, Gabriel Amat, también líder del Partido Popular en la provincia.
En concreto, el juzgado número 2 de Almería pidió el 18 de julio al político ‘popular’ más información sobre los acuerdos a los que llegó la Administración que ahora preside con distintos medios de comunicación. La Justicia dio a Amat cinco días para entregar todos los documentos requeridos, algo que hizo el día 30 del mismo mes, 12 días después, sin que haya trascendido el contenido de los mismos.
El magistrado Jesús Miguel Hernández Columna investiga los 4,5 millones de euros que el ente público dio a seis empresas de la provincia. En su auto, el juez informaba al presidente que, de no aportar la documentación, daría ‘luz verde’ a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía para registrar los edificios de la Diputación en busca de los contratos pertinentes.
Contactado por este periódico, el PP de Almería se excusa en que los acuerdos publicitarios son de los años 2007 a 2011, pero la unidad policial especifica en su informe que lo investigados son los acuerdos alcanzados por la Administración provincial entre los meses de marzo de 2011 y 2012, cuando la institución pasó de manos socialista a las del ‘popular’ Amat, que ratificó los contratos de su sucesor.
Los agentes de la UDYCO entienden que las facturas presentan posibles firmas falsificadas de miembros del equipo de Gobierno
Los agentes de la UDYCO entienden que las facturas, de las que no se han encontrado expedientes de contratación, presentan “en algunos casos (...) una posible firma falsificada de miembros del equipo de Gobierno”. La Fiscalía, por su parte, observó que “son muchas las irregularidades detectadas por el interventor general” sobre la contratación de servicios por parte de la Diputación, y que “de este cúmulo de irregularidades, algunas podrían constituir puros ilícitos administrativos” y otras “podrían comportar la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal” de la Diputación.
“Las más graves” podrían “incluso” ser constitutivas “de uno o varios delitos de tráfico de influencias”, según la Fiscalía. El 4 de abril de 2016 el juez Hernández Columna acordó declarar la causa como compleja, previo informe favorable del Ministerio Fiscal y a expensas de recibir uno de los informes de la Udyco.
El último auto judicial que afecta a Amat tiene sus raíces en una petición de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) para que el juez pidiese los documentos “originales de las facturas” de los contratos de publicidad institucional.
El "hermano mayor" de Javier Arenas
Javier Arenas, líder histórico del PP en la comunidad, siempre ha considerado a Amat como su "hermano mayor”. Mariano Rajoy dijo de él que era “un tío estupendo”. Sus cargos y responsabilidades en el partido, como la configuración de las listas electorales andaluzas, lo han convertido a lo largo de los años en una persona de relevante poder orgánico. El también alcalde de Roquetas de Mar ostenta otro título menos glamuroso: el de ser el político con más diligencias abiertas por la justicia.
Afiliado a la formación desde 1978, carga a sus espaldas con 25 piezas judiciales ramificadas en una causa que lleva de nombre su propio apellido. La Policía investiga en ella una complicada red de 103 sociedades que estarían implicadas en presuntos y diversos delitos de materia urbanística. La causa, por la que ya han pasado seis jueces, amasa multitud de denuncias por parte de la propia Amayt y la Fiscalía Provincial de Almería.
El sumario del magistrado, que se instruye desde los juzgados de Roquetas, busca esclarecer si Amat benefició de manera irregular a distintas empresas, tanto suyas como de sus familiares.
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