El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Dina, Manuel García Castellón, ha anunciado este jueves, durante la declaración del ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente, su intención de reclamar a la Fiscalía anticorrupción que investigue las amenazas a jueces de lo que el testigo ha definido como la "kale borroka" digital de Podemos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes presentes en el interrogatorio.
El magistrado ha especificado que va a deducir testimonio de la declaración de Calvente, que en su testimonio aludió a la existencia de un supuesto equipo, del entorno de Podemos, que difunde el "odio social contra los jueces que les investigan".
Estas amenazas, que según el mismo testigo ha sufrido en primera persona tras denunciar irregularidades en Podemos, se difunden a través de páginas asociadas al partido y entre la base social de la formación liderada por Pablo Iglesias, según han indicado a este diario las fuentes consultadas.
Iglesias y Mayoral
En su declaración Calvente se ha mostrado convencido de que el caso Dina, una pieza separada de la causa contra el excomisario Villarejo en el que se consideró inicialmente a Pablo Iglesias como perjudicado de la actividad de las denominadas cloacas del Estado, fue urdido desde la cúpula de Podemos. Y en ella incluyó, además del propio vicepresidente segundo del Gobierno, a Rafael Mayoral, a Irene Montero y a Juan Manuel del Olmo.
Además ha aludido, aunque de forma imprecisa, según apuntan otras fuentes, a una supuesta reunión del Equipo Legal de Podemos, celebrada a principios de febrero de 2019, en la que la formación política ya tenía información de que un mes después, en marzo de 2019, se abriría una investigación secreta en la Audiencia Nacional.
Y también sabrían algunos abogados de Podemos, según ha declarado el testigo, que en esas pesquisas se investigaría el robo del teléfono a Dina Bousselham, exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, ya que durante el registro de la vivienda de Villarejo la Policía encontró una copia de la tarjeta del móvil sustraído.
Acciones legales a Iglesias
Asimismo, siempre según las fuentes consultadas, los letrados de Podemos habrían tenido conocimiento de que la Fiscalía iba a ofrecer a Iglesias la posibilidad de que emprendiera acciones legales como perjudicado del presunto espionaje del clan policial.
En su testimonio, el exabogado de Podemos ha mencionado una supuesta negociación entre el Equipo Legal de la formación morada en la que la Fiscalía anticorrupción habría aconsejado a los letrados de la formación morada que la denuncia por el robo del teléfono de Bousselham fuera presentada por el propio ministerio público. Y esta forma de actuar, ha explicado Calvente, al ser llevada a cabo por la Fiscalía, tenía la intención de acelerar la investigación de los hechos, y tendría mayor peso a la hora de convencer al juez, que hizo caso a los fiscales.
En concreto, la pieza separada se abrió el 19 de marzo y dos días después, el 21 de marzo, la Fiscalía reclamó la declaración como perjudicado de Iglesias y Bousselham. Y esta fue acordada por el juez, que se llevó a cabo el 27 de marzo, apenas un mes antes de que se celebraran las elecciones de abril de 2019.
La Fiscalía lo niega
Fuentes del ministerio público han negado a Vozpópuli que se llevara a cabo este acuerdo con Podemos y destacan que las negociaciones con las acusaciones populares forman parte del trabajo habitual que realizan los fiscales con las partes personadas en las causas.
El ex coordinador del Equipo Legal de Podemos también ha declarado que Pablo Iglesias ocultó que tenía en su poder una copia de la tarjeta que tenía el teléfono robado a Dina Bousselham según confirman diferentes fuentes presentes en el interrogatorio de este jueves.
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