El PSOE ha activado su maquinaria legislativa para que la proposición de Ley Orgánica de amnistía registrada en el Congreso de los Diputados consiga el sí de la Cámara Baja antes de que arranque el próximo mes. El plan de los socialistas es propiciar que la norma pase el examen de la Comisión de Justicia -donde PP y Vox buscan bloquearla o al menos ralentizar su tramitación- lo antes posible para poder llevarla a pleno antes del 30 de enero.
El PP trabaja contrarreloj para elaborar una estrategia que choca de frente con la hoja de ruta dibujada por Sánchez y los suyos que esperan que la ley llegue en febrero al Senado, donde los populares cuentan con mayoría. Fuentes parlamentarias desvelan a Vozpópuli las opciones que barajan los de Feijóo para luchar contra la amnistía de Pedro Sánchez en el Consejo de los Diputados.
El equipo del PP en la Comisión de Justicia cuenta con apenas dos semanas para diseñar un nuevo guion. Este miércoles, el Congreso de los Diputados, en un pleno celebrado de manera excepcional en el Senado, rechazó las enmiendas a la totalidad a la amnistía presentadas por los populares y Vox. Tras el rechazo del Hemiciclo, se abre el plazo de enmiendas parciales a la norma, que finaliza el próximo 16 de enero.
El grupo parlamentario que lidera la oposición negocia entre sus integrantes la estrategia a seguir en los próximos días. Y es que presentar una enmienda parcial como una alternativa al articulado de la ley de amnistía negociada con Junts no entra en los planes de los populares, ya que entienden que sería dar legitimidad al texto elaborado por los socialistas.
Las vías legislativas que baraja el PP
Si el PP presenta enmiendas parciales a la norma será bajo un texto que ponga sobre aviso de lo que supone una amnistía para el principio de igualdad de los españoles. "No se trata de presentar una alternativo al articulado, sino de exponer la inconstitucionalidad de la norma", defienden fuentes parlamentarias. Desde el PP defienden que aún cuentan con vías legislativas para combatir las armas desplegadas por el PSOE.
Según detallan fuentes populares, la gravedad de la norma les obliga a agotar todas las vías legislativas existentes. Al igual que ocurrió con la enmienda a la totalidad redactada por PP y Vox, de presentarse enmiendas a la totalidad no sería un texto alternativo. El objetivo es exponer un planteamiento totalmente opuesto a la ley de amnistía.
Los textos presentados por ambos grupos plantean la inconstitucionalidad de la norma del PSOE y no reconocen la legitimidad de la misma. Sin embargo, una enmienda a la totalidad o una enmienda parcial son las únicas vía plausibles, ya que al tratarse de proposición de ley y no de un proyecto de ley, no se puede registrar una enmienda de devolución. Esta sería la alternativa más idónea, según apuntan desde el Partido Popular.
Los de Feijóo disponen de suficientes escaños en la Cámara Baja y en el Senado como para poder efectuar todas las maniobras necesarias para retrasar la entrada en vigor de la ley de amnistía por su cuenta. El PP cuenta con los apoyos suficientes para no tener que trabajar de forma conducta con los de Abascal. No se espera que ambos líderes se sienten a dibujar una estrategia conjunta.
Una vez se agote el plazo de enmiendas parciales -dictaminado para el próximo 16 de febrero a las 18:00 horas- se convocará a la Mesa de la Comisión de Justicia para que las valore. Tras superar el último escollo de la comisión, el texto se trasladará de nuevo a pleno donde los diputados deberán votar su aprobación.
El recorrido de la amnistía tras su tramitación en el Congreso
Seguidamente, la ley de amnistía pasará al Senado, donde el PP (grupo parlamentario en la Cámara Alta) planea dilatar hasta el máximo de dos meses permitidos por la Constitución Española su aprobación definitiva. Para ello, el PP impulsó la reforma inicial del artículo 133, que establecía que cualquier proposición de ley que llegue al Senado desde el Congreso tenga un plazo de 20 días, y conseguir que el reglamento de la Cámara alargue dicho plazo hasta los dos meses.
Si la norma, finalmente, pasa el examen del Senado -previsto para el mes de mayo- el siguiente paso sería presentar batalla en los tribunales superiores españoles y europeos.
Una vez que la norma vea la luz, con casi toda probabilidad, el Tribunal Supremo planteará cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional para preguntarle si choca o no con lo recogido en la Carta Magna antes de aplicar la ley en el procés.
En paralelo, la Audiencia Nacional podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su impacto en los delitos de terrorismo enjuiciados en la causa de Tsunami. Los independentistas temen que el TS tome esta decisión, ya que la normativa europea contempla la suspensión de los procedimientos mientras se tramita la consulta de un órgano jurisdiccional nacional.
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