El magistrado de la Audiencia Nacional (AN), Santiago Pedraz, ha convocado como investigados al exsecretario de Estado de Seguridad del PP, Francisco Martínez, al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y a varios antiguos altos cargos policiales por las supuestas investigaciones prospectivas y fuera del control judicial que presuntamente se habrían realizado sobre varios miembros de Podemos.
En una providencia recogida por Europa Press, el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha citado para el 28 de octubre a las 10:15 horas a Martínez en calidad de investigado. Ese mismo día, el juez ha llamado a declarar como imputado al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño.
Cabe señalar que este último sufrió un ictus en mayo de 2022, lo que llevó al entonces juez del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, a archivar el caso para él debido a su estado de salud.
El 29 de octubre, el juez Pedraz tomará declaración como investigados a partir de las 10:15 horas a Pino y al inspector de la Policía, José Ángel Fuentes Gago. Las declaraciones continuarán el 6 de noviembre a la misma hora, cuando el magistrado interrogará al comisario Andrés Gómez Gordo y al exjefe de Información de la Policía, Germán Rodríguez Castiñeira.
En su resolución, el magistrado también autoriza "la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos". No obstante, aclara que dichas comparecencias quedan pendientes de fijar según la disponibilidad del calendario del juzgado.
Demanda de Podemos
Podemos interpuso una querella por los delitos de organización criminal, apropiación y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsificación documental. También se denunció malversación y un delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desestimó estos dos últimos delitos al no poder encuadrarse en los hechos descritos.
En su escrito, Podemos afirmaba que los querellados, bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, el partido señalaba que Martínez informaba periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su posición como autoridad pública y contando con la colaboración de agentes policiales.
Ocho actos concretos
El objetivo principal, según el partido, era la posterior filtración a los medios de comunicación bajo el sello de credibilidad de las "fuentes policiales", con el fin de desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando así contra la inmunidad de sus diputados y otros cargos públicos.
Este modus operandi, según la querella, se materializó en ocho acciones, como la investigación al entonces líder del partido, Pablo Iglesias, en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited, o la manipulación de documentos y registros policiales internos para dar una apariencia de legalidad a las acciones de los querellados.