El abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé, y el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo -más conocido como Sito Miñanco-, y otras 47 personas irán a juicio por su implicación en la "operación Mito" de 2017. Así lo ha determinado en un auto este viernes la Audiencia Nacional. Sito Miñanco lo hará por dirigir presuntamente un entramado que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y Boyé por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico.
La Sala de lo Penal confirma el auto de conclusión de sumario dictado por la instructora del procedimiento, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón. Además del grueso de 49 personas físicas, también envía a juicio a cinco personas jurídicas.
Boyé fue procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales, debido a su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.
La resolución acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto a uno de los procesados, Amr Lanjri lahcinoui, y rechaza el sobreseimiento solicitado por algunos investigados, entre ellos Gonzalo Boyé, así como la revocación del auto de conclusión de sumario para la práctica de nuevas diligencias de investigación.
Operación Mito
Todos los procesados guardan una supuesta relación con la "operación Mito". Esta se centró en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes, que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.
Esa organización, según la juez, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales. Algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en 'b', un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.
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