Las seis asociaciones de vecinos más importantes del centro de la capital de España han presentado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una denuncia contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, por permitir el funcionamiento de decenas de bares y terrazas, que provocan una gran contaminación acústica, a sabiendas de que están en situación ilegal. La denuncia va firmada por los presidentes o vicepresidentes de la Asociación de Vecinos Cavas y Costanillas, Barrio de las Letras, Ópera y Austrias, Chueca, Asamblea ciudadana de Universidad y La Corrala.
En el texto se pide al Ministerio Fiscal que abra las diligencias de investigación oportunas “para constatar los hechos denunciados y fije las posibles responsabilidades del Ayuntamiento de Madrid” durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. También incluyen en la denuncia al responsable municipal en la concesión de permisos, Enrique Núñez, actual Primer Teniente de Alcalde.
En 48 de los 52 locales inspeccionados en la zona de Cavas por la Comisión Permanente de Seguridad y Emergencias había ilegalidades o irregularidades
El escrito está acompañado de documentación y datos estadísticos oficiales del propio Ayuntamiento. Cita entre éstos un análisis de la Comisión Permanente de Seguridad y Emergencias que en 2014 cuantificó las ilegalidades/irregularidades de los locales de ocio nocturno en la zona de Cavas (junto a la Plaza Mayor) en un 92%. En 48 de los 52 locales inspeccionados había ilegalidades o irregularidades.
El Ayuntamiento declaró Zona de Actuación Acústica el distrito Centro tras comprobar en un estudio que el 49% del barrio mantenía niveles de ruidos insoportables. Se aprobaron diversos niveles de protección. Entre estos se incluía la prohibición, según el nivel acústico, de la apertura de locales de ocio nocturno generadores de ruidos.
Los denunciantes creen que los dos alcaldes han permitido que se incumpla la normativa municipal en todas las zonas acústicamente protegidas del distrito desde octubre 2012. Acreditan esta situación con numerosas denuncias de los vecinos y de la policía municipal. Aseguran que la desidia municipal afecta de manera grave a derechos fundamentales de los vecinos, “y de forma especial a la salud de sus habitantes”. Creen que el Gobierno municipal “es responsable de inacción dentro de sus competencias para reducir los horarios de cierre de los locales de ocio nocturno y las terrazas del centro de Madrid ubicadas en las 135 calles con nivel alto de contaminación”.
La denuncia señala que se producen altísimos niveles de ruidos, impropios de un Estado de Derecho, por lo que junto con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid se solicitó por tres veces la reducción de los horarios de cierre de los locales. No se tuvo éxito. Afirman que se siguieron abriendo locales, a pesar de la prohibición.
Las seis asociaciones creen que las medidas legislativas adoptadas son insuficientes para afrontar el problema y que la legislación vigente se incumple sistemáticamente
Las seis asociaciones creen que las medidas legislativas adoptadas son insuficientes para afrontar el problema y que la legislación vigente se incumple sistemáticamente. La reciente ordenanza de terrazas, “que en la práctica supone desregulación del sector”, ha venido a empeorar la situación, según el escrito al fiscal.
El propio Ayuntamiento de Madrid, según los denunciantes, es titular de terrazas que sobrepasan los 300 metros cuadrados en plazas como la de Jacinto Benavente, Vázquez de Mella o Mª Soledad Torres Acosta. “Todo ello pese a tener conocimiento de que en todas se superaban ampliamente los niveles acústicos legales permitidos y los vecinos llevamos años reclamando nuestros derechos”, afirman.
Se quejan de la decisidia de los dos alcaldes y recuerdan que en 2004 la Comunidad de Madrid aumentó el horario de cierre en media hora, saltándose el informe de la Comisión Consultiva de Espectáculos Públicos. El Ayuntamiento de Madrid, responsable de defender los derechos vecinales en esa comisión con dos representantes, no recurrió esa orden.
Los vecinos dicen que hay barrios en los que las medidas de reducción de horarios de cierre, como en Aurrera/Moncloa, han dado resultado, “mientras que en el caso de Centro los alcaldes no han hecho nada para defender el derecho al descanso de los miles de vecinos que viven en este distrito”.
