Doña Ana Botella cree haber encontrado el ungüento mágico que precisa para resolver los problemas que le está ocasionando la tragedia del Madrid Arena en la clausura de modernas y costosas instalaciones que los madrileños han pagado a escote –aunque lo más adecuado sería decir que deben a escote- porque, según afirma, no reúnen las adecuadas condiciones de seguridad. Al margen del escarnio que supone que hayan hecho falta cuatro muertes jóvenes para descubrir tales fallos, la situación del Ayuntamiento capitalino y su regidora recuerda la escena de Casablanca, “Rick's Cafe Americain”, en la que el mayor Strasser ordena a Renault que cierre el local, muy enfadado después de que Laszlo haya inflamado los ánimos patrióticos de los presentes con el canto de la marsellesa.
Renault: ¡Todo el mundo fuera! Este café queda cerrado hasta nuevo aviso! Despejen la sala de inmediato!
Rick: Pero ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué motivo?
Renault: Porque es un escándalo: acabo de descubrir que en este local se juega…
Croupier, (deslizando un fajo de billetes a Renault): Sus ganancias, Señor.
Renault: ¡Oh, gracias, muchas gracias!
La anécdota le viene como anillo al dedo a un Consistorio cuya deuda, por obra y gracia de ese profesional de la política que es Alberto Ruiz-Gallardón, rebasa los 7.000 millones de euros, y de cuya gestión, mezcla la opacidad y despilfarro en esa simbiosis perfecta que suele establecer la corrupción, estamos conociendo los primeros escandalosos detalles. Tomemos como ejemplo Madrid Espacios y Congresos (MEyC) que gestiona el Madrid Arena (también el Palacio Municipal de Congresos, que igualmente acaba de ser clausurado por Botella, y la Caja Mágica, un capricho de Gallardón, hoy infrautilizado, que a los madrileños les salió por un ojo de la cara -300 millones-), y de la que muy pocos habían oído hablar hasta ahora. La sociedad, 100% municipal, arrastra una deuda que a finales de año rondará los 350 millones, con unos gastos de personal de 5,3 para una plantilla de 93 personas, de los cuales 17 son directivos, siete de ellos de “alta dirección” que se embolsan 600.000 euros, a razón de 85.000 por cabeza. A ello habría que añadir los 17 integrantes del Consejo de Administración, quienes, según el Ayuntamiento, no perciben retribución alguna, algo que niega la oposición: “Sabemos que con Gallardón sí lo hacían, y no nos consta que con Botella suceda lo contrario. Estamos casi convencidos de que cobran por acudir a las sesiones del Consejo”. Son las ganancias (los winnings, que decía el croupier a Renault: your winnings, sir) de ese gran casino en que se ha convertido el Ayuntamiento de Madrid.
Madrid Espacios y Congresos arrastra una deuda que a finales de año rondará los 350 millones
Presidente de MEyC es Pedro Calvo, concejal responsable del área de Economía y Empleo, toda una sacrificada vida de alto funcionario al calor de la Comunidad, primero, y del Ayuntamiento de Madrid, después. Tiene a sus órdenes a un consejero delegado (José Ángel Rivero) y un director gerente (Jorge Rodrigo), personas de confianza que le acompañan cual escuderos desde los tiempos en que Calvo era concejal de Movilidad, de forma que si mañana, por un casual, el aludido fuera a parar a Agricultura, ellos pasarían a controlar la dirección general de la cría caballar o la del ganado bovino. Debajo de los tres jerarcas hay un entramado que desciende en cascada a través de una Secretaría General, Dirección Jurídica, Dirección de Urbanismo, Dirección de Obras y Edificaciones, etc., etc., hasta llegar a los indios, los curritos de a pie. Y bien, cuando en mayo de 2010 MEyC recibió el informe de Urbanismo del que ahora hemos sabido diciendo que Madrid Arena no cumplía ninguna norma de evacuación y protección contra incendios, ¿cuántos de estos políticos/directivos lo vieron y/o tuvieron conocimiento de él? ¿Quién tomó la decisión de seguir con la actividad como si nada ocurriera? ¿Se informó de la situación al equipo de Botella tras la marcha de Gallardón?
La corrupción de los partidos y sus consecuencias
El relato del organigrama y del personal a cargo de Calvo, 44, licenciado en Derecho, podría dejar anonadado al consejero delegado de cualquier gran multinacional. Además del ya citado MEyC, de él dependen cosas como la empresa mixta de Mercados Centrales de Abastecimiento, Mercamadrid; la también mixta de Servicios Funerarios de Madrid; la agencia de desarrollo económico Madrid Emprende; la Agencia para el Empleo de Madrid; la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades, el Instituto Municipal de Consumo… Un genio de la gestión este hombre. Todas con presupuestos generosos y estructuras de personal infladas, en las que aún no ha hecho su aparición la tijera del ajuste, porque a la señora alcaldesa le basta con atizar a los vecinos un zurriagazo con el IBI o con cualquier otro impuesto para seguir tan campante. ¿Cuántos de esos cargos están realmente ocupados por profesionales y cuántos responden a la lógica de los partidos de estibar afines en puestos de relumbrón? Es la corrupción de los partidos, una trama perversa cuyas aguas desembocan en la muerte inocente de cuatro chicas sin que, de momento, nadie haya asumido la menor responsabilidad y menos aún, claro está, dimitido. Impera la ley del silencio: todo el mundo le debe el puesto a alguien que está por encima. Y todo el mundo calla.
Muchos de nuestros responsables políticos son sencillamente unos inútiles acostumbrados a la opacidad
Todos, cada uno a su medida, son winners, dentro de una casi infinita gama de winnings: ganancia es el alquiler que el Madrid Arena cobró permitiendo al promotor saltarse a la torera todas las normas de aforo; son los cientos de entradas gratuitas que cada promotor le regala al político de turno y que después se distribuyen en los círculos de poder en Madrid; son las copas que esos políticos se toman gratis en los locales de la noche madrileña… En suma, lo que en inglés llaman perks, sin descartar, por supuesto, la simple y llana corrupción, aunque, más que corruptos, muchos de nuestros responsables políticos son sencillamente unos inútiles acostumbrados a la opacidad en el ejercicio del cargo, convencidos como están de que la única norma a cumplir es la de la fidelidad al “colocador” de turno.
Y, en efecto, semana y media después de la tragedia, seguimos sin respuestas y sin responsables. El Ayuntamiento denuncia a la promotora, y ésta hace otro tanto con el Ayuntamiento, mientras la empresa contratada para mantener la seguridad en el recinto, operación que intermedió el propio Consistorio (!), niega ser responsable de la misma…! Todo el mundo pone pies en Polvorosa. Nadie es responsable. Solo nos queda la esperanza de un juez valiente y justo. Es el fruto perverso de la corrupción, esa “gripe española” de la que se habla en los pasillos del Bundestag como un cáncer cuyas metástasis han invadido gran parte del cuerpo social hispano. El jueves, el presidente chino, Hu Jintao, aseguró en la inauguración del Congreso del Partido Comunista Chino que “si no somos capaces de eliminar la corrupción, acabará con el partido y provocará la caída del Estado”. Un problema global, sin duda, que aquí y ahora se ha convertido en el gran obstáculo que se yergue frente a la modernización de España y la democratización de sus instituciones.
El grupo de presión que sostiene a Botella
Aunque a estas alturas se antoja misión imposible, el poderoso grupo de presión que encabeza el propio Aznar y que integra a no pocos constructores, empresarios y banqueros capitalinos va a intentar mantener a Ana Botella en la alcaldía contra viento y marea, porque ella es la salvaguardia de suculentas winnings que el grupo en cuestión se niega a perder. El Consejo de Ministros aprobó el pasado marzo un plan de adelgazamiento del sector público que, al final, ha suprimido 24 empresas y ha eliminado un máximo de 10 fundaciones. C’est tout. Pero, ¿qué pasa con las 4.000 empresas públicas que, dependientes de las tres administraciones, arrastran una deuda superior a los 50.000 millones? La explicación sotto voce que se ofrece en ambientes oficiales es que “se trataba de una operación arriesgada: son cientos de altos cargos que envías al paro; gente que ha tenido acceso a información, a operaciones sensibles, y que, en un momento determinado, te puede dar un disgusto morrocotudo con papeles en la mano”. Corrupción y su aliada, la extorsión.
A la espera de lo que ocurra con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue remitido a la Cámara en agosto y se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso, existen pocas esperanzas de que nuestra clase política esté decidida a atacar de raíz un problema que figura en la base de nuestra actual decadencia –incluida la moral-. Seguramente esa clase solo se pondrá de verdad a la tarea cuando, como ha ocurrido con el drama en curso de los desahucios, vea su estabilidad amenazada, su propio futuro en peligro, es decir, cuando una mayoría de ciudadanos se harte de la situación y exija de manera activa medidas contundentes. Sin olvidar que el problema de la corrupción española es de tal magnitud, está tan instalado en la cabeza de la hidra, que no podrá abordarse por separado, sino en el marco de la gran revolución democrática, proceso constituyente mediante, que nuestro sistema agotado está pidiendo a gritos. O a mí me lo parece.
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