Quince líneas sirvieron para imputar a la esposa de Diego Torres. La esposa del otro socio, Doña Cristina de Borbón, ha requerido un auto de 227 folios cerrado tras 9 meses de investigación y lo que el juez instructor del caso Noos describe como “un tratado de derecho procesal”.
Las dos imputaciones son “una clara muestra de lo fácil que resultan algunas y lo poco menos que imposibles que devienen otras”, concluye Castro
Tras ese trabajo y tras la presentación sistemática de indicios de delitos fiscal y de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma apostaba ahora por aceptar la imputación y citar a declarar a la hija del Rey. Los tres magistrados que la integran podían avalar esa imputación “por unanimidad”, según fuentes de la causa lo que supondría que la citación ya no sería avalada sólo por el juez Castro sino por cuatro y no por un tribunal sino por dos: el instructor y el superior. Ante esa información, los abogados de Doña Cristina emitían un comunicado en el que renunciaban al recurso y aseguraban que la Infanta declarará “de forma voluntaria”.
La declaración ante el juez marca, de momento, un mismo final para ambas mujeres. Pero el camino hasta llegar al banquillo ha sido tan diferente que queda en cuestión la declaración del Rey de que “todos somos iguales ante la ley”. Éstas son las, al menos, cuatro diferencias entre ambas:
- Medidas de investigación previas: El juez Castro ordenó a petición de la Fiscalía el pasado 3 de noviembre de 2011 el registro del domicilio de Diego Torres y Ana María Tejeiro. Pese a que Doña Cristina registró el palacete de Pedralbes como “oficina”, no hubo orden de registro. El contraste entre ambas situaciones es subrayado por el propio juez en su auto que recuerda que el registro fue “una diligencia que en ningún momento se solicitó ni acordó respecto del domicilio Urdangarín/Borbón”. El magistrado no menciona, sin embargo, el escándalo que acompañó aquel registro. El Rey tenía previsto viajar aquel mismo día a Barcelona. Horas antes de la operación que dirigía la Fiscalía Anticorrupción anuló su desplazamiento alegando “problemas de salud”, algo que despertó sospechas de que el fiscal pudiera haber avisado con antelación a la Casa Real de que el registro se iba a producir.
- Notificación de la imputación: El escrito en el que el juez Castro imputaba a la esposa de Diego Torres pedía “recibir declaración en calidad de imputados, asistidos de Letrado y con instrucción de sus derechos a Don Diego Torres, a Doña Ana María Tejeiro Losada (…) que versarán los mismos o relacionados hechos por los que se recibirá declaración a Don Iñaki Urdangarín”. Fueron 15 líneas que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado recurrieron. La imputación de la Infanta ha tenido un recorrido muy diferente: se dictó inicialmente el 3 de mayo con la fórmula anterior y fue detenida por la Audiencia Provincial de Palma el 7 de mayo, ordenando al juez una mayor investigación antes de dictar esa medida. El juez ha necesitado trabajar durante 9 meses y elaborar un auto de 227 folios que describe como “un tratado de derecho procesal” para conseguir el mismo efecto: que las dos esposas de los responsables del Instituto Noos den explicaciones sobre su conocimiento en la empresa.
- Tres citaciones de Ana María Tejeiro frente a Cristina de Borbón: La esposa de Diego Torres ha sido citada ya a declarar en tres ocasiones desde que comenzó el procedimiento. “Ninguna de las tres veces vino precedida de ningún debate sobre su procedencia, lo que sí aconteció con la pretensión inicialmente planteada para que lo hiciera Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia y que acabó siendo denegada”, recuerda el juez Castro. “Ana María Tejeiro en ninguna de las tres ocasiones puso el menor reparo a sus citas judiciales” recuerda el magistrado. Los abogados de la Infanta argumentan ahora que nunca han recurrido la decisión judicial y que la hija del Rey acudirá “de forma voluntaria” a prestar declaración.
- La actuación de la Agencia Tributaria: Hacienda comenzó acusando a la esposa de Diego Torres. Sólo cuando se planteó la extensión de ese criterio a Doña Cristina, Hacienda cambió su doctrina para permitir la desgravación de ingresos ilegales y la amortización no permitida hasta ese momento. El contraste también es señalado por el magistrado cuando afirma que “La Agencia Tributaria exculpa de toda actividad delictiva a Doña Cristina de Borbón y a Doña Ana María Tejeiro Losada (a ésta sólo a partir de un momento determinado) con la matización en cuanto a ésta última de que se cambia de criterio respecto a informes anteriores a partir de que dos Órganos de la Administración de Justicia se cuestionan la responsabilidad penal de la primera”.
Los requisitos especiales que han sido necesarios para imputar a la infanta Cristina chocan con las otras 42 imputaciones en el caso, incluida la del propio Iñaki Urdangarín, que se produjeron sin la impugnación de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado algo que, concluye el juez Castro, son “una clara muestra de lo fácil que resultan algunas imputaciones y lo poco menos que imposibles que devienen otras”.
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