La Fiscalía de la Audiencia Nacional se está encontrando con un importante obstáculo en su intento de investigar el presunto delito de sedición cometido el 20 de septiembre por los presidentes de la Asociación Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión provisional y sin fianza desde la noche del lunes.
La modificación del Código Penal de 2010 en la que se incorporó la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser imputadas, en la terminología actual investigadas, incluye un catálogo de delitos, entre los que no se encuentra la sedición.
De esta forma, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la propia jueza que investiga los hechos, Carmen Lamela, no pueden imputar ni a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ni a Òmniun Cultural un delito de sedición, por el que sí están en prisión sus presidentes.
Y si no se les puede imputar, apuntan fuentes fiscales a Vozpópuli, tampoco se les pueden bloquear las cuentas, tal y como reclamó la Guardia Civil en un informe de 5 de octubre dirigido a la magistrada.
No obstante, las mismas fuentes aseguran a este diario que están valorando la posibilidad de imputar a estas asociaciones de utilizar su estructura para fines "ilegítimos", lo que abriría la puerta a una posible investigación, y por tanto, al bloqueo de las cuentas.
En el informe del 5 de octubre, los agentes pedían a la jueza que se dirija a la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNCC) para que las entidades financieras aporten toda la información bancaria de la ANC y de Òmniun Cultural.
El instituto armado pretendía "solicitar el bloqueo de las cuentas y productos bancarios y financieros en que estas entidades pudiesen figurar como titulares o autorizadas".
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