El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha aclarado durante su comparecencia en la comisión que investiga los ERE irregulares que no ha tolerado ni tolerará "jamás una irregularidad" y que sólo espera que la justicia "haga su trabajo". Así se ha expresado Griñán este martes en el Parlamento andaluz, al tiempo que ha defendido la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales.
Asimismo, el presidente ha señalado que el interventor general nunca advirtió de "fraude ni de mala utilización de recursos públicos". "El interventor no sabía que había menoscabo de fondos públicos", ha declarado Griñán, quien ha evidenciado que a él nunca le llegaron los "informes de la Intervención" en su etapa como consejero de Economía y Hacienda. "Nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció", ha sentenciado. Al igual que Chaves, Griñán coincide con las afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento.
El presidente andaluz ha quedrido dejar claro además que el Ejecutivo autonómico no ha mirado para otro lado en ningún momento ni ha pretendido tapar ni justificar el fraude que se haya podido cometer en la concesión de las ayudas sociolaborales, sino que fue el primero en denunciar los hechos ante la justicia. "Esa es la tranquilidad total de conciencia con la que comparezco en esta comisión", ha apuntado.
Griñán ha aprovechado la ocasión para denunciar el "juego sucio" del Partido Popular, ya que no ha dudado a la hora de utilizar estos hechos para poner en marcha una "causa general" y no le "ha importado hacer política en el juzgado ni judicializar la política en el Parlamento", a través de información que se han demostrado "inciertas en esta comisión".
José Antonio Griñán ha manifestado que ha quedado demostrado que el programa presupuestario 31L (ayudas sociolaborales) era aprobado año tras año por las respectivas leyes del Presupuesto. Ha agregado que frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que el "procedimiento era y es perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada ley del presupuesto".
Según Griñán, frente a la acusación de que las ayudas sociolaborales, "que no son subvenciones", se destinaban a beneficiar a militantes del PSOE, se comprueba que la inmensa mayoría de los beneficiarios "tenían derecho a ellas, con independencia militancia política o sindical" y frente a la afirmación de que los fondos no se sometían a control, "a mí me ha quedado demostrado que siempre estuvieron al sujetos al control de la Intervención, que nunca detectó, como dijo el interventor, ni fraude ni menoscabo de fondos públicos ni reparos de legalidad".
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