Desde que se conociese la noticia del parón a la ley de regadío de la Corona Norte de Doñana, no han sido muchas las actuaciones a realizar que se han desvelado. Con ellas, ambos gobiernos pretenden dar una solución definitiva al problema del Parque Nacional de Doñana. Para Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demogáfico, en funciones, los agricultores no entran dentro de esta ecuación, no así para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha asegurado en la ultimas horas “si los agricultores se quedan satisfechos con la solución para Doñana, nosotros quedaremos satisfechos”.
Hoy arranca una de esas reuniones entre el Gobierno y la Junta, en este caso se sientan el consejero de Presidencia, Antonio Sanz y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Una de las medidas que se han conocido de las que el ministerio que dirige Teresa Ribera quiere implantar en el Parque, es la recuperación del Río Guadiamar con la aportación que este hacía a Doñana. Numerosas modificaciones del cauce del Guadiamar llevaron a perder, antes de ser nombrado Parque Nacional, más del 40% de agua que este aportaba. Numerosas modificaciones posteriores y la recomendación tras la tragedia de Aználcollar de tener un cauce domesticado par evitar tragedias medioambientales, han provocado que llegase mucha menos agua a Doñana. Esto sumado a la escasez de precipitaciones en Andalucía en la última década dan como resultado el aumento de lagunas secas y humedales que son arena y matorral.
El Ministerio de Transición Ecológica ha presupuestado 375 millones de euros para la recuperación de Doñana. La nueva modificación enlazando su cauce antiguo, el llamado Caño Guadiamar, con el trayecto moderno llevará agua y de muy buena calidad al parque. La del Guadiamar es sólo una de sus actuaciones propuestas por el Gobierno, pero quizás sea la que mayor interés ha levantado en los gestores del parque. Sin embargo, en toda esta negociación se salen de la ecuación los agricultores de la Corona Norte. El dinero que el Gobierno central tiene adjudicado para la compra de fincas es para esta operación con el Guadiamar y no incluye los posibles acuerdos a los que se llegue con los freseros de la Corona Norte. Y en esto se encuentra la parte más espinosa de todo el acuerdo, las promesas del presidente de la Junta de Andalucía a esos agricultores fueron firmes hace ya más de un año, estos fueron ninguneados por el PSOE en 2014 que los sacó de los terrenos de regadío y mantenían todas sus esperanzas en esta nueva ley que ahora está paralizada.
Los agricultores en un segundo plano para el Gobierno
Si PP y Vox propusieron esta Ley de Regadíos de la Corona Norte de Doñana fue precisamente para garantizar el futuro de los agricultores de Rociana del Condado, Almonte, Lucena del Puerto y Moguer. Estos, son propietarios de unas tierras a los que el PSOE-A les negó los permisos de riego en 2014 y que, desde entonces, vienen intentando forzar una nueva regularización. El Gobierno central no contempla la compra de sus fincas, no obstante, dentro de las negociaciones entre el Gobierno y la Junta deberán tener en cuenta a todas las familias afectadas.
UPA Andalucía ha propuesto que una de las soluciones para esos agricultores sea aunque de modo oficioso es la permuta de los terrenos afectados por otros situados en zonas de Huelva donde sí se pueda regar, no obstante nadie se ha atrevido a ponerlo sobre la mesa. Pese a que el presidente del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno aseguró que la solución no tiene que contentar a todo el mundo, sin embargo en los último días ha indicado que “si la ministra no quiere que haya ni media hectárea más de regadío, no en Doñana, porque eso no es parque nacional, sino en Huelva, ahí es donde nosotros discrepamos porque Huelva no podemos apagarla. Si no quiere, tiene que haber un acuerdo con los agricultores”. Moreno también ha insistido en que si finalmente no llegan a un acuerdo la ley se acabará aprobando a final de mes
La ley de regadíos a propuesta de Vox y PP, que se iba a aprobar en el Parlamento el 11 de octubre no cuantifica las hectáreas que pasarían a ser de riego ni a los beneficiarios, porque este asunto se dejaba para un momento posterior en que se estudiaría caso a caso. Para todo ello habrá que esperar a ver si llega finalmente el acuerdo entre el Gobierno y la Junta o se aprueba la ley en el Parlamento andaluz a finales de este mes.
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