En España, solo 1 de cada 5 personas con discapacidad intelectual tiene empleo. Para este colectivo, el acceso al empleo público es una de las pocas oportunidades de alcanzar un desarrollo profesional. Para mejorar el acceso a la función pública, desde Andalucía quieren cambiar la manera en la que calibramos la idoneidad de un funcionario.
Las oposiciones no son plato de buen gusto para nadie. Pero para las 282 mil personas que hay en España con certificado de discapacidad intelectual o del desarrollo, son una muralla infranqueable. "Lo más habitual es que ni lo intenten, asumen que es imposible superar unas pruebas tan memorísticas y academicistas”, valora el profesor Diego Cabrera en Sevilla.
Cabrera lleva más de 25 años tutelando a opositores a la Administración General del Estado o para la docencia, en la academia Méndez Núñez. Por sus aulas han pasado personas con distintos tipos de discapacidad e infinidad de casuísticas, “para todas estas personas es inasumible un temario basado en la memoria, si no adaptamos su acceso, perdemos potenciales trabajadores”.
Esta realidad llevó a la agrupación Por Andalucía a plantear una Proposición de Ley que reforme la Ley de Función Pública, algo que debe hacerse en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Esperanza Gómez afirma que “el examen teórico actual les obliga a aprender de memoria conceptos y leyes que, en muchos casos, no entienden y no los prepara para un examen que no son capaces de afrontar, lo que supone una tortura para ellos y sus familias".
Para evitar ese trance, la iniciativa que ya ha validado el Consejo de Gobierno andaluz propone sustituir oposiciones tradicionales por una prueba de situación que permitirá evaluar las capacidades y competencias para desarrollar las funciones propias de la plaza.
En España, la tasa de desempleo de personas con discapacidad intelectual es del 88%, este año el Gobierno aumentó la reserva a personas con discapacidad del 7 al 10%, pero dentro de ese porcentaje se mantiene inalterable la reserva específica del 2% para la discapacidad intelectual.
La necesidad de ampliar ese mero 2% lo evidencian las cifras de candidatos a cada a plaza convocada en un concurso. De media, por cada puesto reservado, hay 15-20 aspirantes que en su mayoría aprueban, a pesar de no contar con un proceso selectivo adaptado a su discapacidad.
Medidas de Andalucía a la discapacidad
Andalucía ya viene adaptando los accesos a las personas con discapacidad dentro de sus competencias. En su Ley de la Función Pública aprobada el año pasado, la Junta contempla pruebas de situación para acceder al empleo público para personas con discapacidad intelectual, adaptando los procesos selectivos con pruebas que simulen las condiciones y funciones del trabajo que quieren desempeñar.
Según fuentes de la Junta, se garantiza que los aspirantes demuestren mejor sus verdaderas capacidades. No obstante, aunque lo que es competencia autonómica se está desarrollando, fuentes de la Consejería de Empleo y Función Pública consideran “adecuado y conveniente que esta regulación se incorpore en la normativa básica de acceso al empleo público”.
La Administración andaluza tiene además un programa para la integración de empleados con discapacidad dentro del cuerpo de cuerpo de auxiliares administrativos. Solo el año pasado, 715 aspirantes se presentaron al examen de acceso para este cuerpo en el cupo reservado.
En cualquier caso, este es otro síntoma de que la manera en la que se evalúa a los candidatos a funcionarios ha quedado obsoleta. Evaluaciones basadas en la capacidad de memorizar y aprehender textos que poco tendrán que ver con el desempeño laboral es una crítica que afecta a todos los opositores. “Hay modelos no memorísticos, como los sistemas de evaluación europeos, donde se calibra mejor la capacidad y la idoneidad”, sentencia Cabrera. Mientras las reformas lleguen para los más necesitados, las oposiciones siguen cribando.
