El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha expuesto ante la comisión parlamentaria el desafío que enfrenta la Junta para adecuar las sedes judiciales, los recursos humanos y los sistemas informáticos conforme a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes de diciembre. Nieto enfatizó que los "plazos exigentes" no fueron consensuados con las comunidades y que Andalucía, con 744 órganos judiciales y 700 Juzgados de Paz distribuidos en 85 partidos judiciales, se ve afectada por "incongruencias" al establecer tribunales de instancia en partidos con un solo juez, lo que impide a los pequeños municipios avanzar hacia la especialización que promueve la norma.
Desafíos en la adaptación judicial
El consejero recordó que la Ley de Eficiencia, que permanecía inactiva, se activó en el último trimestre, se aprobó en diciembre y entró en vigor en enero, con la obligación de estar completamente implementada para el año 2025. Nieto criticó que el Gobierno no haya destinado fondos para apoyar a las comunidades en esta adaptación. "Más grave aún", mencionó, es que, a pesar de haber solicitado al Ministerio de Justicia la creación de 56 nuevos juzgados, la respuesta ha sido que "no viene ni un juez". Esta situación complica aún más el cumplimiento de los plazos y los objetivos establecidos en la ley. El 1 de junio es la fecha límite para que todos los partidos judiciales con órganos mixtos estén adaptados.
En Andalucía, 70 partidos judiciales deben cumplir con esta exigencia, incluyendo nueve donde solo hay un juez que asumirá el rol de presidente de un tribunal de instancia unipersonal. "Es un oxímoron un órgano colegiado con un solo juez", criticó Nieto, lamentando que el Ministerio de Justicia rechazara la propuesta de Andalucía de agrupar varios partidos judiciales con un único juzgado, sin perder sedes judiciales, para que también se beneficiaran de la especialización. La segunda fase de la ley afecta a los partidos judiciales con juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia de Género, que en Andalucía incluyen a Marbella, Fuengirola y Torremolinos, y deben estar adaptados antes del 1 de octubre.
Finalmente, la fecha tope para los grandes partidos es el 31 de diciembre, afectando a 12 localidades andaluzas, incluidas las ocho capitales más Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril. Este esfuerzo se suma a los ya previstos para el año 2025 y representa un cambio significativo en el sistema de justicia.
La mediación como solución alternativa
Simultáneamente, los Juzgados de Paz serán reemplazados por oficinas judiciales municipales, que tendrán más competencias para acercar el servicio de Justicia al ciudadano. Estas oficinas permitirán realizar declaraciones en juicios, obtener informes y datos del Registro Civil o iniciar iniciativas de mediación sin necesidad de desplazarse a la localidad cabecera del partido judicial. Esto requerirá adaptar los espacios en 156 sedes judiciales en Andalucía y reordenar a más de 9,000 funcionarios que pasarán a trabajar por secciones en lugar de estar adscritos a un juzgado concreto. Nieto detalló que habrá 85 tribunales de instancia, cada uno con un juez presidente que coordinará el trabajo entre el resto de magistrados, asistido por un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Según el tamaño, cada tribunal de instancia tendrá un servicio de tramitación, con un LAJ al frente, y secciones dirigidas por LAJ con un equipo de funcionarios.
De cada tribunal de instancia dependerán una o varias oficinas judiciales municipales y los registros civiles correspondiente
En caso de secciones especializadas, se establecerá un servicio de tramitación, gestión de procedimientos generales y un servicio común de ejecución, para reducir el número de sentencias pendientes de ejecución. De cada tribunal de instancia dependerán una o varias oficinas judiciales municipales y los registros civiles correspondientes. En las capitales de provincia, las audiencias se constituirán también en un tribunal de instancia, así como las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Granada, Málaga y Sevilla.
El consejero subrayó el reto de "compatibilizar" distintas formas de trabajo en los juzgados hasta que estén adaptados todos; la adaptación de los sistemas informáticos que la Junta está desarrollando a través de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) con Sandetel, con una inversión de 1,9 millones de euros; y la reordenación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se están negociando con los sindicatos.
Finalmente, Nieto destacó la importancia de la mediación como parte de la reforma. La Estrategia de Mediación en Andalucía busca fomentar esta vía alternativa de resolución de conflictos. El año pasado, se incluyó en la Justicia Gratuita y se creó el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), que ya ha evitado mil juicios. Además, se firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que profesionales voluntarios actúen como mediadores en conflictos laborales judicializados. En los próximos días, saldrá a licitación el Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) y se creará el Registro de mediadores civiles y mercantiles.
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