La Junta de Andalucía ha mostrado este martes, tras el Consejo de Gobierno semanal, su rechazo frontal al anteproyecto de ley de Patrimonio Histórico que pretende aprobar el Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez: "Quieren quitarnos las competencias de gestión y quedárselas", ha denunciado el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, durante su comparecencia ante los periodistas.
El hombre fuerte de la administración que preside Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos, ha puesto como ejemplo de monumentos que pretende gestionar el Ministerio de Cultura, "invadiendo competencias", La Alhambra, Medina Azahara y los Dólmenes de Antequera, declarados patrimonio de la humanidad, "pero hay muchos otros", ha incidido.
Por todo ello, la Consejería de Cultura que dirige Patricia del Pozo (PP) va a presentar una serie de alegaciones ante la administración estatal. Bendodo ha criticado también que el Gobierno socialista "quiere crear en cada enclave un patronato" que estaría gestionado por el Estado, por lo que se le retirarían las competencias de esta índole a la Junta: "La Alhambra está bien gestionada", ha ejemplificado el portavoz sobre el monumento granadino, que tiene su propio patronato.
Un total de veinte alegaciones
Concretamente, son veinte las alegaciones de las que ha tomado conocimiento este martes el Consejo de Gobierno andaluz. La Consejería de Cultura exige al Gobierno central su retirada por invadir claramente el ámbito competencial de las comunidades autónoma. La consejera Del Pozo propone la retirada del texto y la redacción de una nueva ley, que garantice la conservación del patrimonio y el desarrollo de las ciudades.
En resumen, la modificación propuesta "no sólo no soluciona los problemas existentes, sino que crea otros nuevos".Sostienen desde la Consejería de Cultura y Patrimonio que "se da un paso atrás en el ámbito competencial ya que propone una clara reversión de competencias hacia el Estado". De ahí que les resulte una legislación "invasiva" en lo que respecta a la distribución competencial, "y por ende inconstitucional".
El Ejecutivo autonómico de PP y Cs argumenta que se debería haber presentado una nueva ley, "mucho más ambiciosa"y que recogiese las diferentes problemáticas de la aplicación de la actual legislación, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos. Todo ello, afirman, "sin invadir, como hace el anteproyecto presentado, las competencias de ambas administraciones", para hacer posible preservar y conservar el patrimonio.
En el marco de un documento-resumen de estas alegaciones, la Consejería de Cultura asegura que la regulación contenida en el anteproyecto de ley, además de no abordar tales extremos, "crea nuevos problemas al querer arrogarse el carácter de ley básica". Al hilo de lo anterior, para Del Pozo se trasluce una intención "recentralizadora" respecto a las atribuciones competenciales de las comunidades autónoma. Además, desde la Junta van más allá al reprobar "una limitación" en la autonomía local de los ayuntamientos afectados.
El foco puesto en lo que hará Espadas en Sevilla
Ahora mismo los gobernantes andaluces del PP ponen el foco en cuál será la postura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, a su vez candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, para que "se retrate" en relación con la gestión del Real Alcázar, actualmente bajo competencias municipales, indican a Vozpópuli fuentes del Gobierno andaluz.
Por otro lado, la Junta considera "innecesaria" la creación de una nueva figura de protección de Patrimonio Mundial, dotándola además de nuevos entes organizativos –con evidentes costes económicos– que se superponen a otros ya existentes, en los que "se blinda con mayorías" y se garantiza la dirección y control, en alusión al Estado.
Otro asunto sobre el que los gobernantes andaluces ponen el foco es en que las nuevas estructuras que pretende crear el Estado "ponen en riesgo el actual modelo de éxito" aplicado en los cascos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad: "Se mantiene la indefinición e inseguridad de conceptos jurídicos, aumenta la burocracia y se desprotege algunos bienes, como el arte rupestre, al desaparecer del articulado de la ley", sostienen desde el departamento que dirige Del Pozo.
La modificación que plantea el Ministerio de Cultura sobre la Ley de 1985 se caracteriza, a juicio de la Junta de Andalucía, "por una visión obsoleta y no acorde con la realidad del patrimonio cultural en las demandas de la sociedad".
