La Audiencia de Sevilla condenaba ayer a penas de entre dos años y un año y medio de cárcel a dieciséis traficantes de droga de un clan familiar el de los Rilones, de San Juan de Aznalfarache, al que pertenecen 15 de los 16 enjuiciados. Esta familia controló la venta de cocaína y heroína en la localidad durante bastante tiempo desde la calle Uruguay, en una zona conocida como la esquina del gato.
De los diecinueve encauzados, tres fueron exculpados, y los otros dieciséis se repartieron las diferentes condenas. Los más afortunados, fueron condenados a un año y medio de cárcel y multas de 16.000 euros, el que no las pague sumará otros 80 días en prisión. Otros cuatro procesados fueron castigados con un año y nueve meses de prisión, por esa agravante de reincidencia, y multas de 18.000 euros o 90 días en un centro penitenciario en caso de impago. Estos fueron el líder de la organización, su esposa, y dos varones más. El acusado peor parado fue ‘El Gorrita’, que aceptó dos años de reclusión porque al año y medio por narcotráfico hay que sumarle seis meses más por otro delito de tenencia ilícita de arma, en concreto una escopeta de cañón recortado que tenía en su vivienda.
Pero tras alcanzar el acuerdo de conformidad con respecto a las condenas, el juicio tuvo dos detalles muy relevantes. El primero, que ninguno de los implicados entrará en la cárcel porque la Sección Primera, con el visto bueno previo de la acusación, acordó suspender la ejecución de esas penas. Y el segundo, que el presidente del tribunal instó a todas y todos a aprovechar esta “nueva oportunidad de encauzar su vida por senderos distintos al de la droga. Está en su mano”, les avisó.
Este discurso del magistrado se produjo cuando la funcionaria ya había dejado de grabar el juicio. “Esperamos que sean conscientes del esfuerzo que se está haciendo”, les indicó Pedro Izquierdo, que suele dejar estas advertencias a quienes se benefician de acuerdos de conformidad que implican su no entrada en la cárcel. Esta vez fue un poco más allá. “No podemos llevarnos a engaño. Todos sabemos lo que quema el problema de la droga”, indicó. Después les recordó que ellos mismos, como proveedores de sustancias estupefacientes, “ven cómo la gente va degradándose físicamente o incluso se muere. No podemos consentir favorecer estas conductas. No pueden solucionar su vida estropeando las de otras personas”. Tras acordar suspender su ingreso en prisión, les reclamó “se les da una nueva oportunidad y se les pide que la aprovechen. Háganlo también por sus familias”.
Los dieciséis imputados, once hombres y cinco mujeres que acababan de mostrar su conformidad escucharon con atención, las conclusiones definitivas del fiscal, que pidió para ellos una condena por un delito contra la salud pública con las atenuantes de dilaciones indebidas ya que su escrito de acusación era de 2021 y confesión tardía, todos reconocieron los hechos en el juicio. Cinco también se beneficiaron de la de drogadicción, pero a cuatro de ellos se les aplicó la agravante de reincidencia porque cuentan con antecedentes.
Una medida de gracia para los condenados
Después de dictar sentencia firme en la sala y oír el informe del fiscal favorable a la suspensión de todas las penas de prisión, el tribunal acordó conceder esa medida de gracia. Para los condenados a un año y medio de cárcel, los no reincidentes, la única condición es que no cometan ningún delito en tres años. En el caso de los cuatro reincidentes, la condición es que no delincan en cuatro años y que realicen 126 días de trabajos en beneficio de la comunidad
El fiscal apoyó las suspensiones porque, a pesar de que el delito reviste “cierta gravedad”, también valoró “el nivel de peligrosidad del acusado” y en su opinión ese peligro está “atenuado” por tres motivos. El primero, que “han venido a rendir cuentas ante un tribunal, lo que revela la predisposición de unas personas”. El segundo, que los hechos datan de hace cuatro años y algunos encausados “están en procesos de deshabituación a las drogas”, con lo que “pueden ser menos peligrosos”. Y el tercero, que “la actitud de la mayoría fue muy positiva porque han preferido reconocer su responsabilidad en un contexto en el que la prueba no era fácil”.
Las defensas, lógicamente, no objetaron nada a las reflexiones del fiscal y el tribunal acordó las suspensiones tras resaltar que había sido “un proceso laborioso y no fácil”. A continuación recordó a los acusados que evitar la entrada en prisión equivale a “un compromiso para comportarse como el resto de la gente”. “No se les pide que sean mejores ni peores, sólo que no cometan ningún delito”, les dijo el presidente.
De cinco años de cárcel a "no cometer delitos en tres años"
El final del juicio nada tiene que ver con lo que solicitaba a su inicio la Fiscalía. Había siete acusados que se enfrentaban a una petición de cinco años y medio de cárcel y una multa de un millón de euros: cuatro acabaron condenados a 21 meses y 18.000 euros y los otros tres fueron absueltos después de ser exonerados por otros encausados ayer mismo. Para el resto, la solicitud inicial era de cuatro años y 600.000 euros; terminaron con un año y medio y 16.000 euros. La rebaja también se aplicó al valor de la droga incautada: de los 566.932 euros que figuraban en el primer escrito a los poco más de 31.000 que reflejó ayer el fiscal.
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