El juicio al conocido como “chófer de la coca” ha sido fijado por la sección primera de la Audiencia de Sevilla los días 8, 9, 10, 11 y 18 de enero. El juicio por prevaricación y malversación contra el chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta, es una de las piezas separadas del caso ERE. El caso se retoma tras la suspensión del juicio el pasado mes de septiembre de 2022 por la renuncia del abogado de una empresa implicada en el caso. El acusado ha intendado esta misma mañana volver a retrasar el juicio, alegando que no se fía de su abogado y ha solicitado un abogado de oficio. "Me estoy jugando muchos años de cárcel y no me siento representado", ha asegurado Trujillo. A esta petición se han opuesto la Fiscalía y el resto de las acusaciones que son la Junta de Andalucía y el PP andaluz. El tribunal ha acordado un receso para deliberar sobre su petición. El proceso judicial que atraviesa Juan Francisco Trujillo, el chófer de Francisco Javier Guerrero, lleva desde 2017 a la espera de un juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla y ha pasado por cuatro jueces: dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta. Las declaraciones de Trujillo llegaron tras destapar el conocido como "fondo de reptiles", que contenía 647 millones de euros repartidos de manera "arbitraria", según Guerrero, y destinado a empresas sin seguir el procedimiento legal establecido por la Intervención General. Se trata de uno de los más relevantes del entramado tras la pieza del "procedimiento específico" o pieza política de los ERE, en la que el Tribunal Supremo ratificó prisión para varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente andaluz José Antonio Griñán. El chófer admitió ante los investigadores del caso que utilizó parte de los 900.000 euros que le otorgó su jefe para comprar cocaína. Explicó que llegó a gastar unos 20.000 euros diarios y a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína, y también que dedicó dinero a copas y a comprar fincas, un piso y regalos. Además reveló haber realizado alguno de estos regalos a Guerrero, aunque esta versión siempre fue negada por el exdirector general de Trabajo, fallecido en 2020. La Fiscalía Anticorrupción pide para el chófer que pague una indemnización de casi 1,5 millones de euros y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación.En el banquillo de los acusados se sentará también por los mismos hechos Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, una de las empresas que mediaron ante la Junta de Andalucía para la formalización de las pólizas de prejubilaciones, para el que se solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación.Para Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer, la Fiscalía pide seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación.
Los otros juicios en enero
Los días 10 y 11 de enero está previsto en la sección tercera de la Audiencia otro juicio relacionado con los ERE por las ayudas a Hotelera Comar.
Por su parte, está previsto que los días 15, 16 y 19 de enero se celebre el juicio por el caso denominado "pólizas individuales", una pieza separada de los ERE en la que se le atribuye a Guerrero, junto a otros cinco acusados, delitos de prevaricación y malversación por asignación de pólizas de seguro en beneficio de personas físicas de su entorno cercano. Durante los días 22, 23 y 24 tendrá lugar otro juicio del caso ERE que afecta al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y al ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, acusados de haber concedido ayuda presuntamente fraudulenta a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces S.A.
