El nuevo alcalde de Cádiz, Bruno García ha anunciado que se van a expropiar fincas y solares donde se puedan construir viviendas públicas y que se encuentren en estado de descuido y abandono. La situación geográfica de la capital gaditana y su condición de ‘isla’ la condena a que el crecimiento del parque de viviendas sea muy escaso. Por ello, el regidor local ha tomado la determinación de iniciar expedientes de expropiación. El anterior alcalde, de Podemos, José María González ‘Kichi’, que fue regidor de la ciudad desde 2015 no llegó a poner en marcha ni un solo proceso administrativo por lo costoso del mismo y porque la resolución de alargaría demasiado en el tiempo. Precisamente, esto ha sido lo que ha hecho que Bruno García se ponga manos a la obra, para ir acelerando todos los trámites posibles.
Los solares que se encuentran en el punto de mira del consistorio gaditano son los que están situados en el centro de la ciudad, se encuentran en estadio de ruina y no cumplen las medidas de seguridad desde hace años. Pese a lo “comunista” que pueda parecer esta medida, fuentes del gobierno municipal aseguran que “no es una expropiación ideológica, sino urbanística. Ni de izquierdas, ni de derechas”. La determinación de Bruno García en este tema no es una novedad, la anterior alcaldesa, también del PP, Teófila Martínez que gobernó Cádiz durante 20 años, también inició más de 80 expedientes de expropiación con los que se crearon barrios enteros. Cuando Kichi sustituyó a Teófila, la formación de izquierdas aseguró que había edificios suficientes de titularidad municipal para construir sin necesidad de gastar dinero, motivo por el cual no llegaron a expropiar ninguno de estos espacios.
Durante el Gobierno de Kichi, el consistorio realizó un estudio donde se contabilizaron todos los espacios que podrían expropiarse, y son más de 100 fincas o solares vacíos con capacidad para 900 inmuebles. Se trata de un dato más llamativo en una ciudad donde hay más de 5.000 demandantes de vivienda protegida y las pocas viviendas privadas que se construyen, se venden sobre plano y en pocas horas. Muchas de esas fincas, se encuentran en estado de abandono, lo que permitiría al ayuntamiento estudiar las expropiaciones por incumplimientos en materia de seguridad a través de la ley de expropiaciones forzosas.
Nuevas viviendas, pocas a corto plazo y el método de expropiación a largo plazo
Bruno García, que ha heredado de Kichi unas cuentas saneadas, ha anunciado la construcción de hasta 2.500 pisos sociales para resolver el problema, aunque son muy pocos los que estarán listos a corto plazo. El método de expropiación requiere un procedimiento administrativo que podría alargarse incluso años, por lo que esta medida se ha implantado pronto para poder cumplir con el objetivo. El consistorio gaditano, ya tiene localizada dos fincas que, tras recibir varias infracciones y multas, podrían ser adquiridas. El objetivo es construir viviendas a través de la empresa municipal y ponerlas en alquiler con opción a compra a jóvenes gaditanos para que no tengan que irse de Cádiz. Hace unos años, era habitual que los propietarios descuidasen las fincas menos rentables, en las que aún vivían inquilinos de renta antigua, con un alquiler muy bajo y de larga duración. Estos se negaban a abandonar el inmueble, por lo que el coste del mantenimiento era muy elevado y el bloque iba desgastándose con el paso del tiempo.
Con la llegada de la vivienda turística , muchos espacios han sido rehabilitados para ser destinados a este tipo de alojamientos. No obstante, la suspensión de licencias que ha mantenido el PP y que fue aprobada por el gobierno de Kichi, ha dejado de ser una alternativa de mejora de estas fincas.
Bruno García, ha explicado que con estas expropiaciones cumplirían una doble función: por un lado la seguridad y la rehabilitación de los inmuebles y de no darse el caso, Cádiz tendría más espacios para la construcción de viviendas públicas que “es una de nuestras principales propiedades”.
El procedimiento hay que realizarlo según la ley, por tanto, el Ayuntamiento deberá instar a los propietarios a que actúen en la finca tras un requerimiento por el mal estado del espacio. Si estos no responden al requerimiento municipal, se puede comenzar el procedimiento judicial para cerrar un justiprecio, en un procedimiento que puede extenderse entre dos y tres años. Las operaciones, apuntan fuentes municipales, pueden rondar los 150.000-250.000 euros, aunque permitirán habilitar un espacio que no se encuentra en otras partes de Cádiz.
El apoyo de la izquierda gaditana
Desde Adelante Izquierda Gaditana no se oponen a la operación, aunque piden que se haga para destinar los pisos a alquiler social y no a "especular". Además, instan al ayuntamiento a empezar por los edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía. "Cuando llegamos en 2015, había muchos edificios de titularidad municipal para rehabilitar y construir nuevas unidades en alquiler sin necesidad de gastar un dinero que no se tenía en expropiaciones".
El PP insiste en la falta de voluntad política durante el anterior mandato y recuerda que apenas se entregaron ocho llaves de vivienda pública por año. “Ahora nosotros lanzaremos el mensaje a los propietarios: no pueden tener fincas cerradas y cayéndose a cachos”, insisten desde fuentes municipales.
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