Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, está en paradero desconocido, según recoge ABC. No lo encuentra la abogada que debe defenderlo en el juicio que se va a celebrar el próximo mes de septiembre por las ayudas de cas 1,5 millones de euros que concedió su antiguo jefe a las empresas 'fantasma' administradas por él. A cambio de las subvenciones que salieron del fondo de los ERE irregulares, el exconductor oficial de la Junta compraba cocaína, copas y regalos para Guerrero (fallecido en octubre de 2020) con el dinero público, según la confesión que él mismo realizó en el juzgado en el año 2012.
La letrada del turno de oficio que tiene asignada ha pedido "auxilio judicial" a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de enjuiciar a Trujillo, para "proceder a su localización y citación" para las sesiones de la vista oral. En un escrito dirigido a la Audiencia a través de su procuradora, la abogada asegura que "desconoce su paradero" y teléfono del principal acusado en esta pieza separada del caso ERE. Su petición está registrada este lunes, el mismo día que la Sección Primera puso fecha al juicio, que se celebrará los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre.
De cara al juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero; seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer; y seis años de prisión para el que fuera el directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
El chófer de Guerrero ha sido el único condenado que ha pasado dos años y medio encerrado por evasión fiscal. Dos juzgados de Jaén lo castigaron con la privación de libertad en dos ocasiones por no pagar los impuestos derivados de dos de las tres subvenciones que le concedió su exjefe con cargo al fondo de los ERE. No ha pisado la prisión por beneficiarse de las ayudas irregulares, por lo que va a ser juzgado ahora, sino por no declararlas a Hacienda.
En su declaración ante la juez instructora del caso ERE en el año 2012, el exchófer confesó que había llegado a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas que recibieron irregularmente sus empresas ficticias, además de otros caprichos. Por su parte, el exdirector de Trabajo siempre negó esas sórdidas acusaciones: "Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia", aseguró.
