La Guardia Civil de Granada ha ordenado el cierre inmediato de ocho puestos ordinarios y auxiliares del Cuerpo en diferentes municipios de la provincia. Los agentes que prestaban servicio en estos lugares por el Catálogo del Instituto Armado tienen 48 horas para elegir un nuevo destino, según una comunicación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
La petición de nuevo destino fue realizada el pasado 16 de enero por parte del Coronel Jefe Accidental de la Zona. En esa misiva se comunica la supresión de los puestos auxiliares de Cacín, Moclín, La Rábita, Gorafe y Galera y la de los puestos ordinarios de Castril, La Herradura y Murtas. La integración de las dotaciones de estos cuarteles pasaría a las unidades territoriales de la Comandancia de Granada.
Cambio de vida en 48 horas
Sin embargo, para acometer la acción es necesario actualizar el destino de los actuales titulares de los puestos afectados por las supresiones. Para ello, se ha solicitado a los tres cabos responsables que elijan un nuevo destino en un plazo de 48 horas.
En caso de que no muestren su voluntariedad para la materialización de dichos cambios se le acordará el cese de su actual destino, según la comunicación. Una elección que debe realizarse a la mayor "brevedad posible", según los responsables.
Sobre este asunto, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha denunciado qu estos cambios se producen "sin avisarles con tiempo de estas modificaciones". Una situación que provoca un "grave trastorno profesional y personal que supondrá este cierre de cuarteles".
Otros desalojos de cuarteles
No es la primera vez que se produce este tipo de hechos. Hace un mes se dio la orden de desalojo inminente de un cuartel de la Guardia Civil por riesgo de desprendimiento. Esa fue la notificación urgente que se encontraron once agentes y sus familias destinados en Herrera de Pisuerga (Palencia). Estas personas habitaban la parte viaje del acuartelamiento y estuvieron durante días con la incertidumbre de saber qué será de sus vidas, según denunciaron la asociaciones profesionales del Cuerpo.
El núcleo de afectados eran once guardias civiles y sus familias. No les daban una solución habitacional y debían abandonar el cuartel, que era su domicilio particular. Una circunstancia que se acometió sin tiempo y en base a un informe de una arquitecta de la Dirección General de la Guardia Civil.
Los guardias afectados "no entienden la urgencia del desalojo, cuando los daños están tan localizados y sus viviendas presentan las mismas condiciones de habitabilidad desde hace tantos años". "No somos arquitectos, pero no vemos un peligro inminente para nuestras vidas o las de nuestras familias, sino abandonaríamos nuestras viviendas", afirman algunos de los afectados por el cierre de parte del pabellón de los cuarteles.
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