Las viviendas turísticas se están convirtiendo en un problema real en los núcleos urbanos y están provocando la subida de los precios de la vivienda en venta y en alquiler, especialmente en los grandes núcleos urbanos. Lo que ha provocado protestas en las últimas semanas en Cádiz o Málaga. Sin embargo, la Junta de Andalucía da una visión más amplia del problema y asegura que este tiene su origen en la ley estatal que ha provocado una caída de la oferta residencial y como respuesta al ejecutivo de Sánchez, el Gobierno andaluz promoverá en las próximas semanas su primera ley de vivienda, según anunciaba el portavoz del ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, que sustituirá la aprobada por el Parlamento autonómico en el año 2010.
“El problema de la vivienda es que la inseguridad jurídica ha provocado que se dispare el precio de la compra y alquiler de vivienda por una normativa estatal intervencionista y la falta de obra nueva en los últimos años”, resumió la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien puso encima de la mesa los últimos datos elaborados por el Banco de España. El informe del pasado mes de abril, aseguraba que hay un déficit de obra nueva para atender la demanda de en torno a 60.000 viviendas, una cifra que aumentará en otras 30.000 unidades entre 2024 y 2025. En total, faltarán 90.000 nuevas viviendas.
La Junta de Andalucía asegura que dar la vuelta a esta situación es uno de los objetivos de la nueva ley andaluza de vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno en julio y que pretende fijar un marco normativo completamente opuesto al del Gobierno de España: “La ley andaluza viene a reparar el daño de la ley estatal y a favorecer el acceso de los andaluces a una vivienda. Será un cambio sustancial en las políticas de vivienda, para hacer real y efectivo el derecho de los andaluces a una vivienda digna y adecuada”. Sí tiene decidido la Junta que no tendrá elementos intervencionistas y que en ningún caso, como reclaman PSOE o Por Andalucía, la comunidad autónoma se acogerá a la posibilidad de declarar zonas tensionadas prevista en la normativa estatal.
Las viviendas turísticas siguen provocando problemas
Precisamente fueron PSOE o Por Andalucía han aprovechado su comparecencia en el Parlamento para volver a denunciar la falta de regulación en torno a las viviendas con fines turísticos y la “insuficiencia” del decreto aprobado el pasado mes de febrero por la Consejería de Turismo y Cultura.
La consejera de vivienda andaluza, Rocío Díaz, defendió las posibilidades que abre el decreto autonómico a los ayuntamientos. De hecho, a petición de los ayuntamientos, la Junta eliminaba la pasada semana 2.500 viviendas del registro de viviendas turísiticas, en su mayoría en Sevilla y Cádiz. Precisamente, estos ayuntamientos son el claro ejemplo de aplicar o no la norma existente. El PP Andaluz puso como ejemplo a Cádiz por su decisión de suspender cualquier nueva licencia de vivienda turística en el casco antiguo, una posibilidad que otros ayuntamientos como es el caso de Sevilla, estiman que no es posible con el actual marco jurídico. Las autonomías deciden si aplican o no la norma.
La consejera de vivienda asegura que el ejecutivo andaluz rechaza cualquier actuación “intervencionista” sobre el mercado de la vivienda. Precisamente, Rocío Díaz considera que el problema de la vivienda deriva de los mensajes que se han lanzado en torno a la ley estatal y que han reducido la oferta. La nueva ley andaluza, cuyo anteproyecto se aprobará en julio, viene de hecho con el objetivo de “reparar el daño” de esta normativa. No sólo no se aplicará la ley estatal, sino que habrá una legislación autonómica que la contrarreste.
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