Los informes del Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía han copado la sesión de control del Parlamento de Andalucía. El “fraccionamiento” en “fraude de ley” que revela la intervención en 4 provincias durante 2021 por un valor de más de 400 millones de euros ha servido de munición para que el bloque de la izquierda ataque a Moreno Bonilla.
“Es falso, ningún informe ni interventor dice eso” ha respondido Moreno Bonilla sobre la presunta ilegalidad de los miles de contratos por 488 millones. Espadas responde leyendo informes que textualmente hablan de “fraude de ley” y en este cruce, Moreno Bonilla se ha llevado la ovación de los escaños de la derecha al tirar de hemeroteca.
Moreno Bonilla, usando datos del Tribunal de Cuentas, ha recordado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la administración socialista que presidía Susana Diaz, en 2018, realizó contratos menores por un valor acumulado de 791 millones de euros, “contratos menores a dedo y eso sin pandemia”.
El presidente andaluz ha pedido coherencia a Espadas, al que reta a llevar a los tribunales a la anterior administración socialista y le señaló personalmente. Durante la etapa de Juan Espadas como consejero de Vivienda, en 2009, “el 96% de sus contratos eran menores y cuando fue alcalde de Sevilla, los contratos menores representaban 9 de cada 10 en su Ayuntamiento… ¿por qué no licitaba usted?”.
Espadas ha respondido al envite afirmando que los contratos menores no son el problema sino su fraccionamiento, “ahí está la ilegalidad”. El socialista afirmó desde su escaño que la bancada popular tendrá ahora que dar explicaciones no políticas, sino judiciales, una vez que, tras haber rechazado la mayoría del PP comparecer en comisiones de investigación, tendrá que hacerlo ahora ante la justicia. El Juzgado de Sevilla Nº 13 ha admitido a trámite la denuncia del PSOE por malversación y prevaricación en la Junta.
Los socialistas denuncian que, usando el procedimiento excepcional de contratación por la urgencia del COVID, los de Moreno Bonilla extendieron la práctica hasta 2023. Dos años después de que fuera retirada la excepcionalidad. Estos contratos tienen, según Espadas, un valor de más de 300 millones, “y por si no fuera poco, ahora conocemos este otro caso del fraccionamiento de contratos”.
Moreno Bonilla contra el bloque progresista
Por su parte, Ignacio García de Adelante Andalucía e Inma Nieto de Por Andalucía han tenido un similar cruce dialítico con el presidente andaluz. García ha definido el escándalo del fraccionamiento de contratos como “la trama del Servicio Andaluz de Salud” y Nieto califica este hecho como un síntoma de “nefasta gestión y distraído cumplimiento de las leyes” por parte de la Junta.
El presidente andaluz ha rechazado las acusaciones y ha planteado a la bancada de la izquierda que “acaben con la mascarada” por la que hay dos partidos políticos cuya “única finalidad es defender a Pedro Sánchez”. Esta connivencia de los de Por Andalucía con el PSOE se ejemplifica, según Moreno Bonilla, en la escasa credibilidad que tiene el hecho de que, a diario, “sepamos nuevos escándalos que siguen saliendo sobre la Faffe, pero ustedes no digan nada”.
Desde la izquierda, Ignacio García e Inma Nieto han ahondado en la crisis actual que vive la administración sanitaria en Andalucía, recordando que al detraer dinero de los concursos públicos “y entregarlo a dedo a grandes empresas”, se está debilitando a la sanidad pública. Denuncian que desde las arcas públicas se ha contratado con la sanidad privada por más de 700 millones de euros, mientras que las listas de espera superan ya al millón de andaluces.
Desde el SAS recuerdan el contexto post pandemia y en envejecimiento de la población que provoca que, en el último lustro, la sanidad pública andaluza haya incrementado en un 10% la cantidad de pacientes con más de 65 años.
