El Ministerio de Hacienda dejará para noviembre como pronto la definición de una propuesta para reformar el sistema de financiación territorial, principalmente porque no existe consenso de ningún tipo entre las comunidades autónomas y porque además eso le permitirá ganar tiempo para negociar primero los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2022.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una de las empresas más complicadas que tiene por delante el Ejecutivo, ya que requiere concitar un consenso entre autonomías cuyas posiciones se encuentran muy alejadas. Esto supone que, probablemente, el nuevo sistema no acabe de agradarles a todas y pueda generar roces de algunos partidos con el Gobierno en un momento clave en el que necesita apoyos en las cámaras para aprobar sus cuentas.
La segunda dificultad radica en que, incluso si las comunidades consiguieran ponerse de acuerdo en cómo reformar ese sistema, los partidos políticos con representación parlamentaria tendrían que hacer el esfuerzo de tomar un posición única de partido, algo que se antoja complicado para partidos que gobiernan en comunidades que mantienen posiciones enfrentadas entre sí. Una vez definida su posición, el Gobierno necesitará que den su aprobación al nuevo sistema, ya que al ser una ley orgánica requiere de mayoría absoluta en la cámara.
Encontrar una solución que guste a todas las comunidades será complicado, de ahí que el Ejecutivo prefiera abordar este asunto una vez atados los apoyo para los PGE.
El debate sobre el sistema de financiación autonómica se ha vuelto a poner sobre la mesa este miércoles en el pleno del Congreso, después de que el martes los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, Juanma Moreno y Ximo Puig, propusieran crear un fondo transitorio de compensación para que esté en vigor hasta que se concrete el nuevo mecanismo.
Ambas regiones, aunque están gobernadas por partidos distintos, coinciden en que están infrafinanciadas y piden, junto con la Región de Murcia, que el criterio de 'población ajustada' -que mide el coste relativo por habitante en cada región de prestar los servicios públicos de titularidad autonómica a un nivel uniforme de calidad- tenga más peso a la hora de decidir los fondos que le corresponden a cada comunidad, ya que salen peor paradas en financiación per cápita por tener muchos habitantes.
"Quiero que se entienda que hay dos comunidades que tienen una hemorragia financiera y hay que taponarla", explicaba el presidente de Andalucía.
La 'España vaciada' pide a Hacienda que se tenga en cuenta el 'coste efectivo' de prestar servicios
Frente a estas comunidades, que piden más fondos por su mayor número de población, se encuentra otro grupo de autonomías de la 'España vaciada', entre las que figuran Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, que piden que se dé más peso a la hora de repartir a la dispersión de la población y al reto demográfico.
Estas regiones piden que se tenga en cuenta "el coste efectivo" de proporcionar servicios en zonas tan despobladas y cuáles son sus necesidades reales de gasto, dada la despoblación de sus zonas y el envejecimiento de sus residentes.
En un tercer grupo, Hacienda sitúa a Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que a pesar de tener signos políticos distintos, piden que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad, es decir que haya una relación real entre lo que aporta una comunidad a la caja común y lo que recibe de ella, para que se garantice un mínimo de financiación por habitante.
Actualmente, la diferencia entre la comunidad mejor y peor financiada por habitante ajustado es demasiado elevada, de 800 euros, según ha recalcado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, una brecha que tiene "difícil justificación" y que hay que corregir.
Para ello, "hay que buscar consensos parciales, porque con estas grandes diferencias entre los modelos no se puede avanzar y por eso estamos trabajando en cada una de las medidas que componen el modelo, para al final hacer un ajuste para que el contenido ultimo no provoque distorsiones o situaciones no deseadas en alguna parte de España", ha explicado.
Según un informe publicado recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Cantabria, Canarias y La Rioja se encuentran entre las mejor financiadas, mientras que Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las que salen peor paradas.
Las regiones peor financiadas han pedido al Gobierno también que se tenga en cuenta que han tenido que endeudarse más para paliar esa merma de financiación, algo que Hacienda ha prometido tener en cuenta.
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