Hoy se ha debatido y aprobado en el Consejo de Gobierno de Andalucía, la interposición de un recurso ante en Tribunal Constitucional contra la Ley estatal de vivienda 12/2023. Los servicios jurídicos andaluces consideran que esta norma del Gobierno central invade competencias en materia de vivienda exclusivas de la comunidad autónoma y recogidas en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. Igualmente, concluye que el Gobierno estatal excede con esta norma el poder legislativo que le confiere la Constitución Española.
La Ley Estatal de Vivienda, impone nuevos límites a la subida del precio del alquiler, los grandes tenedores pasan de diez a cinco inmuebles y además impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo. Por ello, y desde su anuncio la Junta de Andalucía comenzó a trabajar con sus servicios jurídicos el pasado mes de abril y aseguraban desde el ejecutivo andaluz, que el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos había realizado esta ley “a espaldas de las comunidades autónomas”. Tras un profundo estudio los servicios jurídicos han considerado que la norma invade competencias en materia de vivienda recogidas en el Estatuto de Autonomía.
Andalucía plantea el recurso de inconstitucionalidad sobre 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales recogidos en la Ley Estatal de Vivienda, dado que el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda. Los servicios jurídicos entienden también que se han sobrepasado los límites desde el artículo 3, en el que se recogen conceptos sobre vivienda protegida, vivienda social, vivienda protegida de precio limitado, gran tenedor, vivienda asequible incentivada y parque público, que se desarrollan posteriormente en la norma cuando ya están reguladas por la legislación autonómica, competente en la materia
El informe también indica que la Ley Estatal de Vivienda se extralimita a la hora de regular la gestión de los parques públicos de vivienda, que entra tan al detalle que reduce a las comunidades autónomas a ser meros ejecutores de sus políticas. De igual forma, se crean nuevas figuras como las viviendas asequibles incentivadas que tampoco deberían ser competencia del legislador estatal.
Permisiva con la ocupación ilegal
Ya por el mes de abril, el gobierno andaluz, anunciaba que iba a mirar con lupa esta nueva ley, porque sospechaban además que invadían competencias autonómicas. El gobierno presidido por Juanma Moreno, asegura que esta ley es una norma "permisiva con la ocupación ilegal", hasta el extremo de considerar que "ayuda y favorece la misma”. Entre otras medidas, esta ley introduce nuevas prórrogas que demorarán los lanzamientos más de 2 años e impone los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.
En su comparecencia esta mañana, tras el Consejo de Gobierno, la Consejera de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado tras la pregunta de los periodistas que pese a lo importante de este recurso este no incluye la suspensión cautelar de la Ley.
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