"Hemos acordado una alianza para la gestión y destino de los fondos en la mesa que se crea". Las palabras del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, resumen el consenso alcanzado en la tarde de este lunes con la patronal (CEA) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en relación con las ayudas 'Next Generation' que provienen de la Unión Europea (UE).
En la comparecencia conjunta celebrada en el palacio de San Telmo, tras una reunión de tres horas que ha levantado sorpresa porque no estaba anunciada en la agenda presidencial esta mañana, todas las partes han mostrado su disposición a que la distribución territorial de fondos que pueda llevar a cabo la Junta se haga tras el consenso previo de la llamada "mesa tripartita" recién creada para la supervisión de las ayudas.
Por parte del Gobierno andaluz, además del presidente Juanma Moreno y el consejero Bendodo han estado presentes, como representantes de Ciudadanos en el ejecutivo autonómico, el vicepresidente Juan Marín y el consejero de Economía y Universidades, Rogelio Velasco.
Al ser preguntado el titular de Presidencia sobre si la Mesa constituida este lunes para fiscalizar los fondos tendrá capacidad de decidir, Bendodo ha respondido que, aunque desde la Junta temen que las ayudas europeas "vengan con nombres y apellidos", van a pactar con patronal y sindicatos "un modelo ágil de gestión y destino" de las partidas.
Tanto la secretaria general de Comisiones, Nuria López, como su homóloga de UGT, Carmen Castilla, se han referido en sus intervenciones a que el acuerdo anunciado con la patronal y el Gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos se articula en base a la ansiada Ley de Participación Institucional, que a su vez se sustenta en el artículo 26.2 del Estatuto de Andalucía.
Bendodo ha expuesto que "desde el año 2007 se lleva hablando" de la citada ley, que "aún no está cerrada y quedan flecos" pendientes, si bien –ha avanzado el consejero– "se le ha dado un impulso decisivo para que pueda hacer su entrada en el Parlamento". Tales argumentos han servido al brazo derecho del presidente Juanma Moreno para asegurar que "este gobierno cree en el diálogo social".
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo conjunto alcanzado. Lo ha hecho poco antes de cifrar en 22.000 millones de euros los fondos europeos que llegarán a Andalucía.
Desde UGT su líder en Andalucía, Carmen Castilla, ha aprovechado para recordar que el pasado 28 de diciembre, durante la última Mesa de Diálogo Social, los sindicatos ya reclamaron "formar parte de la fiscalización" de los fondos 'Next Generation' que estaban por llegar. A juicio de la dirigente sindical, las citadas ayudas representan de por sí "un momento de oportunidad para ese cambio tan necesario del modelo productivo que necesita nuestra tierra", en alusión a la comunidad autónoma.
Por su parte Nuria López (Comisiones) ha denunciado que en su sindicato no tienen claro "dónde han ido los fondos Covid y ni siquiera si se han gastado; no sabemos dónde han ido destinados los de la sanidad". Por tales motivos ha reclamado "más transparencia y claridad" en el marco de las reuniones que se van a producir a partir de ahora con la Junta y la CEA. Con respecto al Gobierno de PP y Cs, López sostiene que a su sindicato le gustaría que "metiera la sexta velocidad a todas estas demandas". Asegura, además, que le han dejado claro a Moreno Bonilla que "tenemos lealtad".
"Con independencia de lo que haga el Gobierno de España, Andalucía tiene que tener una estrategia" en relación con la ejecución y reparto de los fondos citados, en aras a que haya "una planificación" para la comunidad.
Sindicatos y patronal se han mostrado contrarios a que pueda haber una "judicialización", por medio de posibles recursos judiciales a interponer desde la Junta de Andalucía, frente al Gobierno central, por la gestión de los fondos europeos, en línea con lo que ya han anunciado otras comunidades autónomas como Madrid y Murcia. El pronunciamiento de los tres agentes sociales se ha producido a raíz de una pregunta en rueda de prensa. No obstante, cabe recordar que el propio presidente Moreno se mostró, días atrás, reacio a llevar a cabo acción judicial alguna, al contrario que sus homólogos Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras.
Por otro lado, los sindicatos han dejado claro que continúan adelante con sus movilizaciones "en defensa de la sanidad pública", previstas para el próximo 19 de febrero en cada una de las ocho capitales de provincias de Andalucía. Además, la comparecencia conjunta de UGT y Comisiones de este martes ha servido para conocer que se enteraron por Radio Nacional, durante la entrevista concedida el pasado viernes por Juanma Moreno, el plan de refuerzo de la Atención Primaria que anunció el presidente y que se llevará al Consejo de Gobierno de este martes en San Telmo.
Tal iniciativa, desvelada por Moreno Bonilla en la radio pública estatal, se lleva a cabo con el objetivo de intentar solventar la "tensión" existente como consecuencia de la sexta ola de la pandemia, que ha multiplicado las infecciones. A este respecto, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha concretado que sobre la Mesa celebrada este martes entre Junta, sindicatos y patronal "todos reconocen que la atención primaria está tensionada no sólo en Andalucía, sino también en el resto de comunidades y a nivel internacional".
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