Solo la Generalitat de Salvador Illa ha ofrecido unos datos que puedan amparar la aplicación de la Ley de Vivienda. Que la “vivienda digna y adecuada” que pregona la Constitución Española como derecho fundamental es hoy por hoy un sueño inaccesible para gran parte de los españoles es una realidad innegable. Pero que topar el mercado, como pretende el Ministerio de Vivienda, sea el camino más corto para solucionar ese problema, eso es harina de otro costal.
En Andalucía, la Ley de Vivienda del ministerio que lidera Isabel Rodríguez ha cumplido un año sin efectos positivos. Ni en el precio ni en la oferta, que está en mínimos históricos, ofrecen signos positivos. La propia Junta asume que hay 90.000 familias en busca de vivienda. Eso sí, los de Moreno Bonilla optan por omitir el peso que puede tener en esta falta de oferta factores como la vivienda de uso turístico -a pesar de la enorme cantidad que copan en capitales como Sevilla o Málaga- y apuntan al riesgo de okupación que "favorece la Ley del Gobierno" como desalentador de la oferta de alquiler.
Sin embargo, en materia de ocupación la memoria del poder judicial revela que los lanzamientos bajaron respecto al año pasado y que el principal problema de Andalucía está en la imposibilidad de las familias de pagar la hipoteca, no tanto en la ocupación. Ante este conflicto de relatos sobre soluciones y diagnóstico, expertos en la materia abogan por un mercado "menos regulado y punitivo”.
“Lo que está sucediendo ya lo advertimos desde la academia y nadie escuchó, es un completo desastre”, nos cuenta Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona y autor de ‘Los años de la crisis de la vivienda’. Su trabajo viene analizando y monitoreando el mercado de la vivienda en comunidades autónomas, pero también en normativas europeas y su conclusión es clara, "la presión que está viviendo el mercado de la vivienda no excluye a la clase media, pero sí deja en fuera de juego a los más vulnerables”.
La presión en el mercado de la vivienda se ha triplicado en el último año, según los cálculos de Nasarre, que nos explica que estos efectos colaterales del intento de regular los mercados vienen siendo estudiados en las universidades desde hace 5 décadas en cientos de análisis, sobre todo desde que en 2010 volvieron a realizarse experimentos regulatorios, “y todas las experiencias son nefastas, no aplicar la actual Ley no es una mera cuestión de color político, es de lógica”.
Nasarre asume que las medidas de topar precios en zonas tensionadas “nos abocan al mercado negro, porque intentar forzar vivienda asequible por Ley no es posible”, dado el funcionamiento de los mercados.
Luchar contra los políticos que quieren ser caseros
Las investigaciones de Nasarre revisan modelos de referencia, como por ejemplo las viviendas de precios controlados de Viena, donde el 60% de alquiler es social. Allí, advierte, “el poder político decidió garantizar la vivienda a los vieneses, pero si miras la alternancia de poder, te das cuenta de que los gobernantes decidieron convertirse en caseros, en lugar de alcaldes. Ningún ciudadano va a votar en contra de su casero”, reflexiona el investigador.
¿Cuál es la solución, esperar de brazos cruzados a otra implosión del mercado?, cuestionamos a Nasarre, recordando que la anterior crisis demostró que el mercado no se autorregula, por mucho que el intervencionismo no garantice el éxito. “Está claro, ni blanco ni negro. La solución de construir más vivienda es una chapuza, como vimos en 2007, hace falta más ingenio”.
Nasarre apunta a innovaciones surgidas en Reino Unido desde los años 70 que crean distintos grados de alquiler y propiedad. Es lo que los investigadores denominan “tenencias intermedias” que deben desarrollarse. El sector bancario y la regulación nacional sí deben ir de la mano en esta materia.
Propone dos visiones para el alquiler, el de largo plazo, más pensado para familias, con vías para que el inquilino contribuya al mantenimiento y a la rehabilitación de la vivienda, con apoyo en la renta para los propietarios que apuesten por estas fórmulas que serán más asequibles para inquilino, pero con garantías estipuladas en recuperación de la vivienda por parte del propietario que pueda necesitarlo.
Otra opción es un alquiler más liberalizado, que sí contemple contratos con más movilidad y sin penalizaciones para ambas partes, para evitar el temor a inquilinos que se quedan en un piso sin poder pagar el alquiler. “Al final, es una cuestión de sostenibilidad entre casero e inquilino, el primero no puede alquilar con miedo”, sintetiza Nasarre. Sin embargo, lo que da miedo a día de hoy son los precios de alquiler en función a los salarios.
Precisamente por ello, respecto a la propiedad, “hay que asumir que no todas las familias pueden ser propietarias con el modelo actual”. Ahí están las tenencias intermedias en las que una familia puede ser propietaria comprando un 10-20-30-40% de la vivienda o comprándola por un periodo de 20 años, el tiempo de una vida laboral, por ejemplo... “son fórmulas que han funcionado en Inglaterra, pero que aquí no se aplican por intereses de constructoras que construyen para vender o por servidumbre e interés de clientelismo político”.
Respecto a los esfuerzos de entidades autonómicas como la Junta de Andalucía que está desarrollando planes para agilizar la construcción de VPO por parte de los Ayuntamientos, Nasarre vuelve a ser tajante: "las VPO, para nosotros, son un error, solo sirven para generar más dependencia, exclusión y la perpetuación de una clase social".
