El sector está que trina. Las acusaciones de la ministra de Educación Pilar Alegría contra la Junta de Andalucía no han sido bien acogidas. Representantes de las más de 15 mil personas que trabajan en Andalucía en las Escuelas Infantiles para el alumnado de 0 a 3 años acusan al Ejecutivo de “demagogia y propaganda”.
Pocos justifican la estrategia de la ministra, que acusó directamente a Moreno Bonilla de desechar 112 millones de euros de fondos europeos para plazas públicas y gratuitas. La realidad del sector es bien distinta. Acusan a la ministra de “simplificar para confrontar a la Junta de Andalucía” y de “inconsciente, con una estrategia que puede destruir todo el sistema de atención a los niños”.
La Junta de Andalucía ya ha aclarado los motivos que le llevan a no usar las subvenciones europeas. Las ayudas del Ministerio debían usarse para la creación de nuevas plazas públicas. Pero en Andalucía sobran plazas y el sistema no diferencia entre público o privado.
“Yo soy una empresa, pero funciono como un ente público al 100% porque yo no decido ni el precio ni el perfil de mis usuarios: todo lo define la Junta, que externaliza el sistema”, explica a Vozpópuli Maribel Uncala, con más de 20 años de experiencia en el sector.
Uncala es, además, la presidente de Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía, el mayor ente asociativo que reúne 600 centros. “¿Por qué quieren generar diferencias que sobre el terreno no existen?”, cuestiona indignada. El sistema andaluz, detallan desde el sector, fue ideado en 2002 por la Junta del PSOE y confirmado en 2012 con la integración de las Escuelas Infantiles privadas dentro de la oferta pública educativa.
De hecho, la gran mayoría de Escuelas Infantiles -más de un 70%- son privadas y tan solo 125 centros son de Titularidad Pública, de los más de 2.000 que hay en la comunidad. Pero esa privacidad está condicionada por la planificación que se hace desde la consejería de Educación.
Por eso, para el sector que emplea a más de 15 mil personas de las que el 98% son mujeres, “no hay explicación a esa diferenciación que hacen para la realidad andaluza de público o privado, es politiqueo barato. Están usando el dinero para enfrentarse al gobierno andaluz, no para facilitar la gratuidad de las plazas”, dice otra profesional, la malagueña Gema Alarcón.
Otra de las entidades que participan en la mesa de negociación sectorial, la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, coincide en la misma postura. “Me hirvió la sangre cuando escuché a la ministra”, confiesa José Luis Victorio, presidente del ente que representa a cerca de 400 centros. Aclara que la posición de la Junta de desechar 112 millones para nuevas plazas “emana de un acuerdo con nosotros, con todos los profesionales en la mesa de negociación. Esa ayuda, tal y como la ha configurado el Ministerio, terminaría por aniquilar al sector que hay en Andalucía hoy”.
Problemas con las cuentas
La Junta de Andalucía aclara que del total de los 123 millones que el Ministerio ofertó ha licitado solo 11. Los 112 millones sobrantes y que han ido a parar a otras comunidades simplemente no fueron solicitados por los Ayuntamientos. La baja natalidad y la oferta existente han hecho que no exista demanda.
Además, desde el sector denuncia que Moncloa ha alterado los objetivos iniciales de los Fondos Europeos condicionando las ayudas a la creación de nuevas plazas públicas, a pesar de que actualmente sobran. Lo cierto es que, no solo en Andalucía, muchos ayuntamientos de España no han accedido a estos fondos que cubren los tres primeros años de una escuela. Pero ¿quién asumirá la rentabilidad de una escuela infantil futura cuando no haya niños?
Las cifras confirman que de las 126.000 plazas para 0 a 3 años de Andalucía, el último dato deja 24 mil vacantes. “¿Para qué crear 12 mil plazas nuevas cuando ya hay un excedente de 24 mil vacantes? En lugar de usar el dinero para ladrillo deberían usarlo realmente para que las plazas fueran totalmente gratuitas”, dice Maribel Uncala.
Los representantes del sector se afanan por aclarar que la realidad andaluza es muy distinta a la de otras comunidades dónde sí hay carencias y necesidad de nuevas plazas. En Andalucía, sin embargo, el sistema de colaboración público-privada viene generando una de las mayores tasas de escolarización de Europa con un 58%, casi el doble de los índices que recomienda Bruselas.
Además, esta oferta educativa es ampliamente subvencionada, en función a la renta familiar. Así, existe un primer tramo de ayuda al que accede casi el 70% de las familias. Pero la gratuidad total ya es una realidad para más de la mitad de plazas ocupadas.
Las entidades consultadas acusan la “confrontación mezquina” que presenta la ministra, “somos entes privados, sí; pero llevamos más de dos décadas gestionando un servicio público con las condiciones que impone la administración. Ahora, sin embargo, nos quieren dar la puntilla”, denuncia Gema Alarcón. Los profesionales lamentan que la ayuda del Ministerio terminaría por arruinar a un sector que está, cada vez más, lastrado por la baja natalidad. “En lugar de destruir empleos deberían pensar en cómo fomentar la natalidad”, apuntan desde Escuelas Infantiles Unidas.
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