José Alberto Armijo vuelve a iniciar su proceso judicial. La Audiencia de Málaga acaba de decidir que la absolución que el que fuera alcalde de Nerja obtuvo en abril de 2023 debe ser revisada íntegramente. El caso del vertedero ubicado en un paraje de alto valor medioambiental durante 18 años deberá ser revisado “con absoluta libertad de criterio y decisión de la magistrada”.
Esta reapertura del caso del vertedero del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama en el que se llegó a acumular más de 800.000 metros cúbicos de residuos es realizada por la Sección Tercera que acepta un recurso del fiscal para que se vuelvan a valorar documentos "esenciales" en la absolución que obtuvo Armijo, actual senador del PP.
La Sala insta a que se "valore la totalidad de la prueba practicada de forma suficiente y motivada" señalando al análisis que se realizó en el anterior proceso, “para determinar si es un dictamen pericial y si la persona que la ratificó ha de tener la condición de perito, testigo, o testigo-perito". La resolución apunta a la necesidad de una nueva sentencia, eso sí, sin necesidad de repetir el juicio.
El caso afecta al supuesto vertido incontrolado en las inmediaciones del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama "de residuos de la construcción, peligrosos y podas". En abril de 2023, el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga absolvió a Armijo y a otros seis acusados al determinar que no se podía constatar riesgo de incendio ni riesgo para la salud de las personas.
Entonces, el regidor de Nerja (21.850 habitantes) aseguró tras su absolución que la intención de su gobierno "fue siempre la de restaurar la cantera abandonada por la Junta de Andalucía socialista”. Armijo aseguró que el terreno se había “normalizado medioambientalmente” una vez “sellado y debidamente reforestado”. Pero esa visión no está totalmente consolidado por la Justicia. La Sala de apelación viene a rechazar los hechos declarados probados que llevaron a la absolución del alcalde en la primera resolución
Sin esperanzas desde movimientos conservacionistas
Consultados movimientos ambientalistas como Ecologistas en Acción (EeA) en la Axarquía o la Plataforma Cívica de Maro Cerro Gordo, pocas son las esperanzas de que la reapertura del dictamen judicial cambie la absolución. “Es un proceso formal, no cambiará nada, el alcalde y los empresarios se fueron de puntillas de un evidente atentado ecológico”, nos dice Rafael Yus, de EeA.
La entidad ecologista fue una de las primeras en denunciar la extensión del vertedero a la Junta de Andalucía, aunque nunca hubo respuesta entonces. Sobre el estado actual del vertedero, admiten que se ha sellado superficialmente y se ha reforestado el vertedero, pero no se ha aislado, con lo cual la contaminación no se ha remediado. “Es una solución económicamente viable, pero no óptima”, lamenta Yus.
El vertedero acumuló material durante 18 años en una extensión de más de 30 hectáreas entre el Parque Natural de las Sierras, Tejeda, Almijara y Alhama y el Paraje Natural de los Acantilados de Maro y Cerro Gordo. En la región todo el mundo conocía del vertedero en el que acaban restos de construcciones de empresas privadas, pero también de obras y mudanzas de particulares y, según denuncia la Fiscalía, del propio Ayuntamiento de Nerja.
De hecho, el auto judicial ya alertaba en 2020 que el Ayuntamiento de Nerja, desde 1999, tenía unas doce denuncias, reclamaciones e informes de inspección, alertando del riesgo para la seguridad que representaba el cada vez más ingente vertedero. Según la Fiscalía, el vertedero nació por impulso de Armijo y a pesar de la existencia de otras instalaciones habilitadas y con declaración de impacto ambiental en la comarca.
Frente a la absolución de Armijo, que fue alcalde desde 1995 a 2015 y en una segunda fase desde 2019, el Ministerio Público ha pedido revisar los informes periciales. Previamente, el Fiscal había pedido dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio tanto para el alcalde como para la concejal de Medio Ambiente, Nieves Atencia (PP). Al menos dos inspecciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía alertaron del riesgo de contaminación al acuífero de residuos contaminantes y que el 90% de los residuos estaban en espacio protegido.
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