El Tribunal Constitucional echa abajo el recurso de más de medio centenar de diputados de izquierda en el Congreso que venía a respaldar al sector del taxi. La resolución respalda la decisión de un gobierno autonómico del PP, el de la Junta de Andalucía, que reguló la actividad de UBER y Cabify en las ciudades.
La decisión del TC llega por unanimidad en el pleno y con ponencia del presidente, Cándido Conde-Pumpido. Así, el Tribunal de garantías desestima que la Junta vulnerara competencias del Estado en materia de transportes, ya que con la norma se pretende regular los servicios urbanos de la modalidad de transporte de arrendamiento de vehículo con conductor.
Hace dos años, la Junta de Andalucía elaboró un Decreto Ley que enfrentó y provocó duros enfrentamientos con agrupaciones sectoriales como Élite Taxi o Unión Sevillana del Taxi. La Junta recogía el guante dejado por el Ministerio de Transportes en 2018 que ponía la pelota de la gestión en el tejado de los entes autonómicos mientras legaba una moratoria de 4 años a los VTC.
Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda da la bienvenida a un fallo que “confirma la legalidad de la actuación de la Junta ante el desorden normativo del Gobierno de Sánchez cuando Ábalos era ministro”, expresaba Rocío Díaz.
Para Díaz no ha habido sorpresas, "se ha cumplido lo que dijimos”, destaca la mandataria que ya preveía que el recurso no tendría “ningún recorrido" ante una norma que “ha otorgado mayor claridad y normalidad al sector del taxi en Andalucía” y a la regulación de los VTC.
El recurso al TC fue presentado por más de 50 diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos y sus círculos y por el Grupo Mixto. Argumentaban que la Junta vulneraba derechos de autonomía local, competencias estatales y principio de igualdad.
El TC desecha las acusaciones –como ya hizo en la Comunidad de Madrid en 2022 -porque la demanda "no ha satisfecho la carga de desarrollar argumentalmente tales vulneraciones". Además, la resolución confirma como "suficientes y adecuados" los pasos que adoptó la norma andaluza, tanto para titulares de VTC como para los consumidores.
En definitiva, se especifica que la Constitución y el Estatuto de Autonomía permiten la regulación sin que ello implique una intromisión en la autoridad local. Por otro lado, destaca el hecho de que no se está cercenando una actividad, ya que no implica que se puedan prestar estos servicios en ciudades sin una autorización previa y se permite sólo la actividad a quienes ya hubieran estado autorizados antes de la regulación andaluza, en el ámbito nacional,
La norma andaluza permitió que los titulares mantuvieran las licencias y determinó que, para las nuevas licencias, se concederían conservando la relación de un VTC por cada 30 taxis. La ratio andaluza actual es de 2,7. La Junta también definió zonas en las que los VTC verían limitada su actividad a la demanda previa de un servicio. Así, no pueden estar a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, ni a 150 metros de hospitales, centros comerciales y paradas de taxis y hoteles, entre otros...
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