Sorpresa. Esta palabra resume el sentir que se puede pulsar en el seno de la Fiscalía Anticorrupción por no haber recibido diligencia alguna, proveniente de la Audiencia Nacional (AN), en relación con la trama sueca de narcotráfico y blanqueo que consiguió 642.000 euros en adjudicaciones municipales de obras del Ayuntamiento de Marbella. Como es sabido esta "organización criminal", en palabras del juez García Castellón, tiene entre sus miembros destacados y procesados al marido de la alcaldesa de la localidad malagueña, la popular Ángeles Muñoz, así como a un hijastro de la también senadora del PP.
Las fuentes de Anticorrupción consultadas por Vozpópuli consideran que el citado magistrado del Juzgado Central 6, así como la Fiscalía Antidroga, debieron "deducir testimonio" tras solicitarles la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se abrieran una pieza separada por delitos relacionados con presunta corrupción municipal.
Y es que, tanto García Castellón como el fiscal contra la droga encargado de este caso –instruido en la AN–, rechazaron de plano la solicitud formulada por los investigadores policiales. Una vez que los agentes comprobaron las relaciones e influencias desplegadas por el hijastro de la alcaldesa, Joakim Broberg, no solo con el Consistorio marbellí, sino también con el vecino municipio de Benahavís, del que Ángeles Muñoz fue teniente de alcalde. Precisamente, ella y su marido disponen en dicha localidad de importantes intereses inmobiliarios, entre ellos la lujosa mansión que pusieron años atrás a la venta por 12 millones de euros.
En Anticorrupción recuerdan que Antidroga no investiga delitos de corrupción y creen "comprensible" que rechazara indagar sobre algo que no es narcotráfico ni blanqueo, de ahí que las fuentes citadas insistan en que debieron enviárselo a este departamento del Ministerio Público, algo que también achacan al juez instructor.
Además, este medio de comunicación informaba la pasada semana acerca de que el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, solo investigó un 10% de los fondos adjudicados en obras municipales a la empresa Construcciones y Demoliciones Costa del Sol S.L. (Codecosol), cuyo propietario es el empresario sueco procesado en la trama Nils Fisher.
García Castellón le considera "testaferro" y "persona de confianza" de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa. El mismo que se jactó de controlar "la ciudad [Marbella] y toda la jodida Andalucía" tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 que auparon a Juanma Moreno a la presidencia de la comunidad. Se trata de escuchas telefónicas de la UDEF que adelantó elDiario.es.
Martínez Carazo sólo indagó acerca de un contrato menor, adjudicado a Codecosol –por importe de 60.000 euros– porque fue lo único que en aquel momento –2017– denunció ante la Fiscalía de Marbella el grupo municipal socialista, liderado por el exalcalde Pepe Bernal, actual portavoz de esta formación política y candidato a la alcaldía.
Como ya informó también Vozpópuli el ahora procesado por blanqueo del narcotráfico Nils Fisher se jactaba en 2018, a través de su Linkdn personal, de ser "uno de los grandes adjudicatarios de contratos de obras con el Ayuntamiento de Marbella en los últimos ocho años".
Este último dato no es baladí, por cuanto el propio juez García Castellón detalla, en su auto de procesamiento, operaciones de la trama de blanqueo de capitales al menos desde 2010 en adelante. Las primeras adjudicaciones municipales logradas por Codecosol, provenientes de la actual alcaldesa, se remontan al año 2011 con un contrato por valor de 250.000 euros.
Fue en el año 2010 cuando Joakim Broberg acometió, presuntamente, una operación de blanqueo de capitales mediante la compra-venta de una vivienda en Marbella. El importe blanqueado, según el juez, fue de 232.000 euros. Para ello se utilizó una empresa panameña, Leslie Company, "controlada por la familia Broberg", en palabras de García Castellón y con el hijastro de la alcaldesa como "beneficiario".
Lo que no reflejaba el magistrado –desvelado por Vozpópuli tras una investigación periodística– es que los dos hijos biológicos de la alcaldesa, Christian y Alexander Broberg Muñoz, además de su marido, comenzaron a figurar en la offshore panameña a partir de 2019. Por si lo anterior fuera poco, el domicilio que aportaron ante notario para inscribir sus nombres en la compañía del paraíso fiscal fue el de una casa que la alcaldesa declara poseer al 50% con su marido en Suecia.
La alcaldesa acusa al PSOE de "delinquir" por aportar a la Fiscalía sus correos con la trama
De forma inesperada, sin que estuviera convocada ninguna rueda de prensa, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha comparecido este lunes tras la junta de gobierno local semanal junto al exedil delegado de Obras, Javier García.
Bajo la excusa de informar acerca de los británicos con derecho a voto en municipales, Muñoz ha acusado al PSOE local de "delinquir" cuando se le ha preguntado acerca del cruce de correos electrónicos que ella mantuvo con su marido y el empresario sueco Nils Fisher, además del entonces edil de Obras, sobre el presupuesto de una obra de 60.000 euros que finalmente obtuvo el ahora procesado en la Audiencia Nacional.
"Se han cometido graves delitos", ha insistido la regidora del PP al acusar al PSOE y a su líder local, Pepe Bernal, a pesar de que el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, nunca cuestionó el modo en el que los socialistas obtuvieron dichos correos, en 2017, poco antes de entregárselos al representante del Ministerio Público.
De hecho, el propio Bernal, casi de forma simultánea a las acusaciones de la primera edil marbellí, ha salido al paso de las mismas en la cadena SER. El exalcalde ha asegurado, incluso, que se llegó a realizar una "prueba pericial" sobre los 'emails' cuya obtención Ángeles Muñoz pone en cuestión. La también senadora ha ido más lejos al cuantificar la cifra de documentos que, según ella, "robaron los socialistas" y que ha cifrado en "mil correos". También desmentido por Bernal.
Muñoz, en el marco de su estrategia de distracción, al negarse a hablar del contenido de los correos y del hecho de haber consensuado con su marido, el empresario sueco y el edil de Obras un presupuesto, luego adjudicado, ha llegado a anunciar que "denunciaremos ante la Policía". Hace tal advertencia si en el plazo de 48 horas Bernal no contesta el requerimiento notarial, enviado desde el Ayuntamiento de Marbella, en el que se le solicita que entregue la totalidad de dichos correos electrónicos.
Fuentes del equipo de gobierno marbellí, consultadas por Vozpópuli, sostienen en privado, como teoría, que el PSOE se encontró con dichos correos electrónicos al entrar a gobernar Bernal en junio de 2015 y tras haberse quedado abierto el correo personal que Ángeles Muñoz utilizaba como secundario (de Gmail) en un ordenador portátil del gabinete de Alcaldía. Es precisamente la dirección de Gmail de la regidora la que aparecía en la cadena de correos aportada al fiscal Carazo y recogida en la denuncia sobre el contrato adjudicado a la trama por importe de 60.000 euros.
En el marco de la particular teoría de los actuales gobernantes conservadores, acerca de la "sustracción" o "robo" de los correos, al situar al PSOE como "autor o encubridor" (palabras textuales de la alcaldesa), se indica que el exalcalde denunció los hechos en Fiscalía (2017) justo tras ser desalojado de su cargo, a raíz de una moción de censura en agosto de aquel año. De ahí que Ángeles Muñoz se haya preguntado este lunes, en voz alta, "¿por qué esperaron dos años" a acudir a la Fiscalía.
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