La investigación del asesinato de los dos guardias civiles el pasado mes de febrero en Barbate sigue su curso con discreción pero está dando sus frutos, según explican fuentes del caso a Vozpópuli. Un nuevo oficio presentado por los agentes de la Guardia Civil ha generado que el juez encargado del caso haya decretado el secreto del sumario para facilitar las diligencias que se están practicando, una vez que se ha descartado la participación de los detenidos en el homicidio.
El magistrado Ángel Rojas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate emitió un nuevo auto el pasado 18 de julio por la causa abierta por el asesinato de David y Miguel Ángel. El juez afirma que ha recibido un nuevo oficio de la UOPJ de la Guardia Civil de Cádiz y de la Unidad Central Operativa (UCO). Este documento pone de manifiesto "la existencia de nuevas líneas de investigación distintas a las seguidas hasta ahora en la tramitación de la causa".
El secreto de las investigaciones
La aparición de estos nuevos datos, unido a las filtraciones del contenido de la instrucción que se han ido produciendo de forma reiterada han obligado a decretar el secreto de las actuaciones. El objetivo de esta medida es no comprometer los avances de la misma. En el foco podría estar Karim Gabarde, el sobrino del jefe del clan de los 'Pus Pus', que fue el individuo señalado por los tripulantes de la narcolancha del Cabra.
Este secreto de las actuaciones para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, será por el tiempo prolongado de un mes. Esta iniciativa hace penar que en un breve espacio de tiempo la Guardia Civil podrá explotar la investigación y detener a los responsables de la muerte de sus compañeros en febrero en el puerto de Barbate.
El equipo conjunto de la Guardia Civil que investiga el asesinato de los guardias civiles en Barbate confirmó hace unos meses que la narcolancha de Kiko el Cabra no fue la que mató a sus dos compañeros el pasado mes de febrero. Los seis detenidos por este homicidio se encuentran en prisión provisional por estos hechos.
Otra causa para los detenidos en Barbate
El pasado 10 de julio el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate ordenó el sobreseimiento provisional de las actuaciones a los ocho detenidos por el asesinato de los dos guardias civiles el pasado mes de febrero en Barbate, según un auto al que tuvo acceso Vozpópuli. Eso sí, el magistrado Ángel Rojas ha decretado la apertura de una nueva investigación por los delitos de contrabando contra los arrestados.
"Se ha podido determinar que los investigados iniciales no tuvieron participación alguna de los hechos relativos a la embestida", según el texto emitido por el juez. La situación no ha cambiado hasta la fecha.
Por ello, Ángel Rojas decidió separar en dos procedimientos distintos la investigación de los hechos. "Aparentemente no existe relación alguna entre tales dos grupos de hechos", afirma. Considera que estas personas han podido cometer los delitos de contrabando, pertenencia a organizaciones criminal y resistencia o desobediencia grave contra los agentes.
El caso de Barbate en la Audiencia de Cádiz
En un auto fechado el día 11 de junio, la Audiencia de Cádiz desestimó así el recurso de apelación presentado por la defensa del investigado contra el auto dictado el pasado mes de mayo por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate denegó la petición de libertad planteada por dicho encausado. La defensa de este investigado interpuso este recurso de apelación una vez conocido el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la embarcación en la que su patrocinado viajaba junto con el resto de investigados no fue la que embistió a la lancha del Instituto Armado.
Asimismo, y según expone el tribunal, “constan indicios” de un delito de organización criminal, ya que el investigado, “en su declaración prestada ante el juez instructor, reconoció ser el piloto de la embarcación, que se embarcaron en Sanlúcar tras un cambio de tripulación, que iba con pasamontañas y que llamaron a tierra al propietario de la embarcación porque no iba bien, que llamó a los mecánicos para repararlo, los cuales se embarcaron”, a lo que se suma, igualmente, que “existen indicios” de un delito de resistencia, y ello a la vista del contenido del atestado de Barbate.
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