La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comparecido por sorpresa este martes en el Tribunal Supremo para regularizar su situación. Según informa el alto tribunal, Gabriel se ha puesto a disposición de la Justicia cuando se cumplen cuatro años de su huida a Suiza tras ser imputada en la causa del procés. El magistrado Pablo Llarena le ha dejado en libertad provisional dejando de esta forma sin efecto las órdenes de detención que había dictado contra ella.
En su auto, el magistrado explica que la exdiputada de la formación independentista se ha presentado voluntariamente este martes en el alto tribunal acompañada de su abogado, Íñigo Iruin, para regularizar su situación. El juez ha decidido dejarle en libertad provisional alegando que la pena de delito de desobediencia que se le imputó en la causa del procés a Anna Gabriel no conlleva aparejadas penas de prisión, sino únicamente multa e inhabilitación para cargo púbico por dos años.
Procede dejar sin efecto la declaración de rebeldía sin perjuicio de fijar las obligaciones de comparecer para la práctica de declaración indagatoria
El juez también considera que las órdenes de detención dictadas contra Gabriel por no comparecer en el Tribunal Supremo en febrero de 2018 deben decaer toda vez que el objetivo de las mismas era tomarle declaración y esa diligencia ya la puede practicar tras entregarse a la Justicia. "Procede dejar sin efecto la declaración de rebeldía, así como la busca, detención y presentación ordenada contra ella, sin perjuicio de filar las obligaciones de comparecer ante este tribunal para la práctica de declaración indagatoria", explica el juez.
Procesada en rebeldía
Pese a fugarse a Suiza tras negarse a comparecer en su citación judicial, Llarena le procesó en marzo de 2018 por su implicación en la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI). Para entonces Gabriel ya se encontraba en Suiza, por lo que terminó siendo declarada en rebeldía en julio de 2018.
Su comparecencia se produce apenas unos días después de que el abogado general de la Unión Europea (UE), Richard de la Tour, se pronunciara en relación a la cuestión prejudicial remitida por Llarena al TJUE en relación con la negativa de Bélgica a entregar a España al exconsejero catalán Lluis Puig. Su decisión no es vinculante y queda todavía por pronunciarse el TJUE pero su criterio supuso un respaldo sin precedentes al Tribunal Supremo ya que reprochó a Bélgica que no cumpliera con la euroorden.
El criterio del TJUE
En concreto, el abogado argumentó que un país de la UE solo se puede negar a cumplir con la entrega acordada por otro país si vislumbra un riesgo real de que no se van a respetar sus derechos fundamentales. De la Tour dijo que ese no parecía ser el caso de España, donde el exconsejero catalán "tienen a su disposición vías de recurso" en la Justicia española hasta llegar si fuera necesario al Tribunal Constitucional.
Aunque se pronunció exclusivamente en el caso de Lluis Puig, su criterio tiene efecto directo en la figura de otros fugados de la Justicia tras su implicación en la causa del procés, especialmente Carles Puigdemont. Ante la negativa de Bélgica, Llarena decidió consultar a Europa en aras a decidir qué hacía con las órdenes de detención europeas dictadas contra todos ellos. Cuando se pronuncie el TJUE, el magistrado moverá ficha al respecto.
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